El Cabo Primero Sergio Guillermo Cavia fue procesado, sin prisión preventiva, por el delito de "homicidio agravado" contra el joven mapuche Rafael Nahuel. La decisión adoptada en las últimas horas por el juez Federal subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Zapata.

Su decisión también alcanza a otros cuatro integrantes del grupo "Albatros" de la Prefectura Naval Argentina. Se trata de Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, quienes fueron procesados como "partícipes necesarios" del hecho.

Insólito

El fallo da por cierto el relato sobre la existencia de un "enfrentamiento" entre los uniformados e integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. Por esa razón, el procesamiento incluye la figura de "exceso de la legítima defensa".

Este atenuante - rechazado por la querella y la comunidad Mapuche -, podría provocar que en el caso que el responsable del disparo letal sea encontrado culpable, no tenga que purgar prisión efectiva.

La resolución del subrogante Zapata avala el resultado de la tercera pericia balística en detrimento de la primera, efectuada por peritos independientes que cotejaron el proyectil que causó la muerte de Nahuel de manera directa y a las pocas horas de producido el homicidio.

Esa pericia determinó que la bala que mató al joven mapuche provino del subfusil MP5 que portaba el Cabo Primero Francisco Javier Pintos. A pesar de haber intervenido reconocidos peritos en ese informe, el por entonces Juez subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, convocó a una nueva pericia y se la solicitó a la Gendarmería Nacional, una fuerza de seguridad que, al igual que la señalada Prefectura Naval, dependía institucionalmente de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien alentó el relato sobre la inocencia de los Albatros.

Esa segunda pericia determinó que el proyectil no fue disparado por el subfusil de Pintos, y abrió el llamado a una tercera pericia balística. Ese trabajo concluyó en enero pasado - tras la “pérdida” durante dos días del proyectil oportunamente extraído del cuerpo del joven - y arrojó como resultado que había sido la pistola de Cavia desde dónde provino la bala que acabó con la vida de Rafael Nahuel.

Ahora el Juez Zapato dio crédito a esa tercera pericia y endilgó a Cavia el "homicidio agravado por su comisión con violencia mediante la utilización de armas de fuego", aunque "cometido con exceso en la legítima defensa".

A Cavia, Pintos, Obregón, Sosa y García los embargó por la suma de 5 millones de pesos, e impuso la prohibición de salir del país; además de la obligación de mantener el domicilio real declarado y presentarse cada quince días en la Delegación San Isidro de la Policía Federal.

Desde la querella se declaró en las últimas horas que apelarán la figura de la legítima defensa, en función de lo “ridícula” de la teoría de un enfrentamiento. Vale recordar que los allanamientos ordenados por la Justicia Federal en el lof y los alrededores de donde Nahuel fue asesinado, solo se encontraron herramientas de trabajo y ni una sola arma o proyectil detonado que no perteneciera a de las fuerzas de seguridad.