La firma del convenio se realizó con la participación de la presidenta del TSJ, Paula Ludueña, la vocal Reneé Fernández y el vocal Enrique Peretti, mientras que por el CPE estuvieron, su titular, Cecilia Velásquez y Ninette Milostic, jefa de Gabinete del organismo.

La iniciativa surgió en la Oficina de Género dependiente del máximo tribunal, cuya titular, Sabrina Granero, coordina las Oficinas de Violencia Doméstica, quienes en más de una oportunidad recibieron a personas que acudían a denunciar hechos de violencia, muchas veces solas, sin personas de su confianza que sirvan de intérpretes.
Cuando esto ocurría, la OVD abordaba el caso solicitando a la cartera educativa que facilitara el contacto de alguna traductora, aunque se trataba de una colaboración informal.

Durante la reunión, Ludueña marcó la relevancia de contar con esta herramienta que garantice esta comunicación para el acceso a la justicia de personas que necesiten realizar una denuncia o demanden asesoramiento en cualquier Juzgado o Defensoría de Santa Cruz.

Si bien el convenio abarca todos los fueros, la presidenta del máximo tribunal marcó la importancia de este avance con mirada de género, ya que “quienes sufren violencia se encuentran doblemente afectadas, por la violencia doméstica y además por las barreras para acceder a asistencia y justicia”, sostuvo.

En 2016, la ley provincial 3.464, estableció que es un derecho lingüístico utilizar la lengua de señas como lengua oficial a los fines de expresarse y comunicarse. La norma establece en su artículo 3 que el Consejo Provincial de Educación será la Autoridad de Aplicación y tiene a su cargo el Registro Provincial de Intérpretes de Lenguas de Señas Argentina.

Es en este contexto que se reguló que todos los sistemas o servicios de emergencia, deban contar con atención mediante dispositivos de comunicación accesibles para personas con discapacidad auditiva.
Por otra parte, en el Artículo 8 se ordena la creación del cargo de Perito Intérprete en el ámbito del Poder Judicial de la provincia de Santa Cruz.

Sobre el convenio, la presidenta de CPE sostuvo que se trata de una medida de acceso a la justicia, en la cual “el Consejo valida que en el registro hay personas que están formadas y el Poder Judicial va a establecer un sistema para disponer de ese personal para que interprete a las personas con hipoacusia y con dificultades para que los demás lo comprendan”.

El Registro, que en principio es para el Poder Judicial, va a estar en la Secretaría de Coordinación Educativa, y según explicó la secretaria técnica pedagógica, Alejandra Pérez Ozuna, la idea es “hacer el lenguaje de señas argentinas, que no es lo mismo que la gramática asignada, que es lo que utilizan la mayoría de personas con hipoacusia o la comunidad sorda que maneja la lengua de señas. Por eso hacemos hincapié en este Registro, ya que hablamos de comunidad sorda y personas sordas que no tienen restos auditivos y después de hipoacúsicos, que tienen y están equipados, algunos a través de audífonos o implante coclear pero que no solo se manejan oralmente sino que se apoyan en el lenguaje de señas. Están oralizados en un lenguaje practico, funcional, pero cuando tenes que trabajar algo que comprensión que necesitan internalizar necesitan apropiarse de que significa cada palabra”.