Distintos sectores de la oposición al gobierno de Sebastián Piñera, en Chile, oficializaron hoy el inicio del Juicio Político contra el mandatario. El documetno acusatorio fue firmado durante una conferencia de prensa en la sede del Congreso, por 15 parlamentarios en representación de sus respetivos espacios políticos. Dijeron esperar que el trámite se vote antes del 21 de noviembre.

Se trata de una acusación constitucional, como se dijo “con fines de juicio político”. Es que Piñera está severamente cuestionado por su presunta vinculación con la venta de una minera a través de paraísos fiscales, revelada en la investigación de los "Pandora Papers". Además, por la misma causa, el mandatario debe afrontar una causa en la Justicia Penal.

Los legisladores presentaron y firmaron esta mañana el texto acusatorio en la Cámara de Diputados y mostraron su confianza en que la iniciativa pueda ser tratada y votada en la primera semana de noviembre.

Para ser aprobada en Diputados, la acusación debe tener 78 votos a favor sobre 155, es decir, la mitad más uno del cuerpo, lo que augura un "éxito seguro" en esa instancia.

Sin embargo, una vez cumplida esa meta pasará al Senado, donde sólo podrá ser convalidada si reúne al menos dos tercios de los votos (29 de 43 legisladores), cifra que no se alcanzará sólo con los votos de la oposición.

Piden la destitución de Piñera en Chile

Si bien el oficialismo aparece fragmentado e inmerso en la campaña con vistas a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre próximo, sus principales figuras han cerrado filas en defensa del mandatario, con lo cual es improbable que la acusación llegue a buen puerto.

De hecho, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó esta mañana que la acusación constitucional es "un golpe de Estado blanco que daña la institucionalidad" y le adjudicó a los legisladores opositores intencionalidad electoral tras la denuncia. Sin embargo, no es más que una receta prevista en la constitución para casos de corrupción que impliquen al presidente.

El abogado constitucionalista Javier Couso evaluó que esta circunstancia no es desconocida para la oposición, lo cual indica que la finalidad de la presentación es propinarle al mandatario un impacto político, en medio de la situación por demás frágil por la que atraviesa.

Este no es el primer intento de juicio político que interpone la oposición contra Piñera, ya que en diciembre de 2019 se presentó una acusación constitucional contra el mandatario por violación a los derechos humanos

Piñera decretó ayer un Estado de Excepción Constitucional por Emergencia durante 15 días, con la participación de las Fuerzas Armadas, ante la "grave alteración del orden público", como definió a las protestas de comuneros mapuches en las provincias de Biobío y Arauco, de la Región del Biobío; y en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de La Araucanía, medida que ocasionó un fuerte rechazo de las autoridades de las zonas mencionadas y de líderes opositores.

Todo ello, a pocas horas de una marcha de pueblos originarios celebrada el domingo último en Santiago en la que una activista de derechos humanos murió a causa del impacto de un proyectil, sin que se sepa aún con certeza si fue víctima de las fuerzas de seguridad o si -como afirma la policía- fue alcanzada por fuegos artificiales lanzados por manifestantes.

En paralelo, el viernes pasado la justicia aceptó la apertura de un proceso de investigación penal contra Piñera sobre negocios en paraísos fiscales.

El texto acusatorio propone iniciar un juicio político contra el mandatario "por los actos de su administración que comprometieron gravemente el honor a la nación y por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes".

El documento ingresó a trámite con firmas de 15 parlamentarios de los partidos: Socialista (centroizquierda), Radical (centroizquierda), Por la Democracia (centroizquierda), Comunista (izquierda), Nuevo Trato (centroizquierda), Frente Regionalista Verde Social (izquierda), Comunes (izquierda), Revolución Democrática (izquierda), Convergencia Social (izquierda), Acción Humanista (izquierda), Humanista (izquierda), Ecologista Verde (izquierda), Unir y Democracia Cristiana.

Se espera que la Cámara de Diputados vote la iniciativa los primeros días de noviembre, y de aprobarse y ser ratificada en el Senado, Piñera sería destituido de su cargo -que debe dejar el 1 de marzo del año próximo- y no podría ocupar un puesto público durante los próximos cinco años.

La acusación fue aprobada con 79 votos a favor y tuvo 73 en contra, pero Diputados acogió una "cuestión previa".

El texto acusatorio recibirá ahora una primera revisión de parte de una comisión formada por sorteo por tres diputados independientes, una opositora y otra oficialista que deberá esperar hasta 10 días que el mandatario envíe su defensa, que podrá llegar escrita o personal a través de sus abogados, y luego de eso tendrá otros seis para resolver y emitir un informe -no vinculante- a la Cámara, recomendando rechazar o aprobar la acusación.

El 3 de octubre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) publicó una investigación denominada Pandora Papers en que se acusa a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países.

En ella se demostró que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

Las empresas del presidente, administradas por sus propios hijos, vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario.

La investigación reveló además que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República y que hasta la fecha no ha ocurrido.

El mandatario se defendió diciendo que nunca supo de esta transacción, argumentando que al asumir como presidente entregó todas sus empresas a un fideicomiso ciego para evitar eventuales conflictos de interés.