El Gobierno proyecta "formalizar" a los trabajadores de la economía social con nuevo monotributo

Sería una iniciativa del presidente Fernández. El mandatario la analizó hoy con varios ministros y la titular de la AFIP. Propone un descuento del 90 al 95% de las contribuciones en un plan de dos años para quienes quieran registrarse. La vocera Cerruti se refirió al tema. Dijo que también se estudia el financiamiento para el sector.

El Gobierno nacional trabaja en un proyecto para llevar al "circuito formal" a los trabajadores de la economía social, a través de su registro como monotributistas productivos. Esto implicará facilidades en el pago de las cargas durante los primeros años y acceso a jubilación y cobertura de salud.

Así lo confirmó este miércoles la portavoz gubernamental Gabriela Cerruti, quién precisó que con ese fin el presidente Alberto Fernández se reunió este mediodía con varios de sus ministros en la Casa Rosada.

"Es un proyecto que están trabajando varios ministerios con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), para aquellas personas que quieran pasar de la economía social a registrarse como monotributistas", dijo Cerruti.

Agregó que "es un incentivo muy fuerte para que la economía social se registre", pero dejó claro que no se está hablando de "gente que pasa del plan social al trabajo", porque es gente que "ya trabaja en la economía social", y cuya necesidad es ser parte de "un circuito formal".

Luego explicó que "no hay anuncio", sino que se trata de "un proyecto en el que están trabajando varios ministros con la AFIP".

Detalló que el proyecto contempla que "durante los primeros años, con diferentes variables, se les descuenta el 90 o 95 por ciento de lo que tendrían que pagar" y que, "a partir del segundo año, empiezan a pagar la jubilación y luego las otras cargas".

En el marco de este proyecto, Alberto Fernández mantuvo este mediodía una reunión de trabajo con los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Salud, Carla Vizzotti; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Trabajo, Claudio Moroni; la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y del Inaes, Alexander Roig.

Fuentes oficiales detallaron que el proyecto de ley con el que se trabaja con el objetivo de "fomentar el desarrollo de la economía popular" persigue la idea de "crear un monotributo productivo que incluya a los trabajadores de ese sector, promueva créditos para proyectos productivos y les dé preferencia en las compras gubernamentales".

La iniciativa, según se explicó, se presentaría como "un Proyecto de ley Puente de Inclusión al Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes y de reforma del Monotributo para facilitar la inclusión social, promover la formalización laboral y el acceso a jubilación y cobertura de salud".

La medida en estudio contempla que durante los primeros 4 años desde la inscripción de nuevos contribuyentes una reducción significativa de las obligaciones mensuales del monotributo en cuanto contribuciones impositivas, jubilación y salud.

La transición sería gradual para personas que inician una actividad económica o la vienen desarrollando en la informalidad y el Estado se hará cargo del pago del componente impositivo del monotributo en forma permanente a todas las personas registradas en las categorías A, B y C, se precisó.

También se dispondrá de "medidas antiabuso" para asegurar que estos beneficios lleguen a quienes más lo necesitan, se informó.

Los beneficiarios serán los nuevos monotributistas; los contribuyentes de las categorías A a la C del monotributo desde el 20 de marzo de este año, y los monotributistas sociales y promovidos.

El nuevo régimen reemplaza al monotributo social y promovido, aunque quienes opten por permanecer en el anterior régimen, podrán hacerlo, en tanto quienes adhieran a este nuevo régimen serán beneficiarios de las coberturas a través de los programas nacionales del Ministerio de Salud de la Nación al momento de solicitar atención efectiva en cualquier centro de atención primaria (CAPS).

El Monotributo Productivo para las Trabajadoras y los Trabajadores de la Economía Popular tendrá los objetivos de fomentar la registración: formalización laboral y tributaria y la inclusión financiera de las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular.

También buscará posibilitar que accedan a instrumentos con menos obstáculos (créditos, adquisición de máquinas y herramientas, capacitación, complemento de ingresos, etc.), completaron las fuentes respecto al proyecto en el que se trabaja.

Podrán participar de él los mayores de 18 años; que tendrán que estar inscriptos en el ReNaTEP, no ser titular de más de dos inmuebles, ni titular de más de tres automóviles.

En ambos casos -inmuebles y automóviles- uno de esos bienes debe estar afectado al emprendimiento económico.

Los requisitos actuales adicionales del ReNaTEP son: no ser empleador, ni ser contribuyente del Impuesto a las Ganancias y poseer un máximo de tres actividades independientes

De aceptarse esta iniciativa, todos los trabajadores en el ReNaTEP pasarán a estar inscriptos en el Monotributo Productivo y, en la medida que cumplan los requisitos de permanencia en ese Registro, continuarán su condición de inscripción vigente en el Monotributo.

En cuanto al apoyo al financiamiento productivo de la Economía Popular, se creará el Fondo Fiduciario para la Promoción del Crédito No Bancario, que se conformará como un fideicomiso de administración, inversión y garantía.

El objetivo de esta iniciativa en estudio es impulsar el acceso al financiamiento del sector de la Economía Popular, a través del otorgamiento de créditos productivos; bonificación de tasas, constituir fondos de garantía para financiamiento bancario y promoción de la capacitación y asistencia técnica

La administración del fondo estará a cargo de un Comité Ejecutivo, presidido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y con el Ministerio de Economía como autoridad de aplicación. Por su parte, el BICE actuará como ente fiduciario

Este fondo tendrá que recibir aportes del Estado Nacional, las provincias, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, las entidades financieras reguladas por el BCRA deberán destinar un mínimo del 1,50% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) al otorgamiento de crédito bancario a proyectos productivos con impacto social presentados por cooperativas y emprendedores de la Economía Popular

De este porcentaje, podrán imputar el 100% a cuenta del cupo de líneas de financiamiento productivo para MiPyMEs.

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