l miércoles pasado, el subsecretario del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, Juan Francisco Galli, viajó a la Argentina para reunirse con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a quien le planteó la preocupación de Chile por la escalada de violencia mapuche y solicitó trabajar de manera conjunta para frenar la radicalización que se reporta en el sur de ambos países.

Según publica el diario La Tercera, en el encuentro estuvo también el embajador chileno Nicolás Monckeberg. Allí los funcionarios compartieron información sobre el tema y pusieron foco en el posible vínculo entre los grupos mapuches chilenos y argentinos.

A lo que apuntaron desde Chile es a la supuesta conexión entre los grupos, que según denunciaron cruzan a un lado y otro de la frontera tanto por pasos habilitados como por ilegales. Asimismo se denunció el tráfico de armas y drogas.

La reunión entre Fernández y el ministro chileno se dio luego de la molestia que provocó en el gobierno de Piñera la actuación del embajador Rafael Bielsa en una audiencia internacional en la que el líder del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, pidió su libertad condicional. Huala, quien nació en la Argentina, cumple una condena a nueve años de prisión en Temuco por ataques incendiarios y portación de armas de fuego.

Tras la polémica generada, en una entrevista con LA NACION, el embajador había asegurado que su deber, como lo dice el reglamento consular, no es ser parte del proceso sino velar para que se aplique la ley y se brinde al detenido el mismo trato que se le hubiese dado a un nacional de este país. Y que fue esa la razón que lo llevó a estar presente. No apoyar su pedido de libertad condicional. “Si me pide asistencia tengo la obligación de asistirlo, y su representante legal me la pidió”, dijo.

La violencia desatada
En la Argentina, durante octubre, se reportaron varios hechos violentos en Río Negro que elevaron la tensión con los grupos mapuches. Fueron tres ataques con fuego: el primero ocurrió el 3 de ese mes, cuando prendieron fuego un centro de información turística sin inaugurar en el ingreso a El Bolsón. El segundo, con la misma metodología, ocurrió al día siguiente, el 4, en un depósito de Vialidad provincial en el camino al Cerro Catedral.

Tras ello las comunidades mapuches se adjudicaron los ataques. Y después llegó el tercero, cuando incendiaron el edificio del Club Andino Piltriquitrón, que fue consumido por las llamas, y dejaron amenazas que incluyeron a la gobernadora Arabela Carreras. "Benetton, Lewis, Arabela y Pogliano: el agua y la tierra no se venden, se defienden", fue la intimidación que se encontró en el lugar.

Por el mensaje, Carreras salió rápidamente a repudiar los hechos, a denunciar terrorismo y a reclamar al gobierno de Alberto Fernández apoyo con fuerzas de seguridad para llevar tranquilidad a la zona, hecho que generó cruces tanto con el Presidente como con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quienes destacaron que no les compete a ellos el envío de refuerzos. De todos modos, poco después los refuerzos fueron enviados a Río Negro.

En Chile la situación también es grave. El jueves pasado el país vivió otra jornada de violencia como consecuencia de la muerte de un comunero mapuche en uno de los diversos enfrentamientos que se produjeron con personal de Carabineros y de la Armada en las zonas del sur militarizadas por el gobierno.

La tensión ya se había intensificado el martes tras el anuncio del presidente Piñera de enviar al Congreso la solicitud para extender el estado de excepción: ese día desconocidos descarrilaron un tren de carga en la región de La Araucanía y luego lo quemaron. "Quiero pedirle respetuosamente al Congreso que apruebe con urgencia leyes que son indispensables y extraordinariamente necesarias, como la ley que permite un mejor control de armas en un país en que la violencia está directamente asociada con las armas", afirmó Piñera y generó un clima de hostilidad en la zona.

Horas después la organización Weichan Auka Mapu difundió un video en el que se refiere al estado de excepción, muestra armamento y exige "a la nueva fuerza policial y militar" que haga abandono del territorio. "Porque serán derrotados por la fuerza del pueblo mapuche en armas", aseguró uno de sus representantes con voz distorsionada.


Fuente: La Nación