Los animales fueron utilizados en una investigación de la Universidad de Barcelona (UB), con el testeo de un fármaco antifibrótico durante 28 días. Para dicho experimento, la UB contrató los servicios de Vivotecnia, un laboratorio que fue denunciado reiteradas veces por maltrato animal.

Las prácticas de la empresa fueron paralizadas hace unos meses en la Comunidad de Madrid cuando la ONG Cruelty Free International hizo públicos unos vídeos donde se mostraba a su personal burlándose de los animales sometidos a la experimentación con insultos.

Sin embargo, la Fundación Parc Científic de la UB contrató el 10 de noviembre los servicios de este laboratorio a través de una licitación pública de 255.000 euros. Ahora, según denuncian colectivos de protección animal, los cachorros implicados en la investigación se encuentran encerrados en condiciones pésimas, en jaulas diminutas y faltos de aire limpio y luz solar. Para peor, los animales deberían ser realojados y dados en adopción, pero la decisión que se tomaría sería sacrificarlos.

La difusión de la denuncia a través de las redes sociales desembocó en una movilización ciudadana que instó a la UB a cancelar el sacrificio de los cachorros.

La postura de la Universidad

Hasta el momento, la UB se limitó a puntualizar en un comunicado algunos de los aspectos que salieron a la luz para denunciar el caso y en ningún momento desmentió que los cachorros vayan a ser sacrificados.

"La práctica con animales es a día de hoy insustituible para garantizar el progreso científico, especialmente de la biomedicina", indicó la institución, que insistió en que esta práctica "se hace solo cuando es estrictamente ineludible".

En este sentido, el rectorado explicó que la experimentación sirve para buscar tratamientos de enfermedades fibróticas, "comporta el estudio histopatológico de los órganos" de los perros y que, en todo caso, "no está prevista para este enero sino para marzo, por lo que todavía no ha arrancado la fase experimental"

El comunicado precisó que la empresa ha sido contratada "cumpliendo todos los requisitos legales" y que está domiciliada en la Comunidad Autónoma de Madrid, "que es quien autoriza su actividad".

Fuente: Página 12.