Acusado por tres mujeres de abuso sexual, Ángel Fabián Constantino (57) seguía al frente del municipio entrerriano de Gilbert. Por eso, el Gobierno provincial recurrió a la Legislatura para tratar este fin de semana un proyecto de ley que disponga la intervención de la ciudad ubicada a 70 kilómetros de Gualeguaychú.

Sin embargo, ese trámite legislativo quedó pendiente porque en las últimas horas el intendente terminó pidiendo licencia con sueldo por tres meses.

"Comunico a usted mi solicitud de licencia con goce de haberes para tramitar cuestiones de índole personal, a partir de la fecha lunes 16 de mayo y por un plazo de 90 días", dice la nota firmada por Constantino y dirigida a Alberto Meneses, titular del Concejo Deliberante de su distrito.​

El texto no hace mención a las denuncias ni a la prisión domiciliaria que le fue impuesta el sábado pasado por violar una restricción de acercamiento a una de las mujeres que lo denunció.

El mes pasado, el Concejo Deliberante de Gilbert había aprobado, por cuatro votos contra tres, una iniciativa en la que se invitaba al funcionario a pedir licencia de su cargo mientras se resolvía su situación en la Justicia. Pero el intendente resistía en su cargo.

Entonces, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley para intervenir durante 180 días el municipio. La intención del Poder Ejecutivo era remover de sus funciones a Constantino.

El Senado provincial había sido convocado a sesionar este viernes, mientras que la Cámara de Diputados lo iba a hacer este sábado a las 10. En caso de aprobarse la ley por ambas cámaras, el Gobierno provincial iba a tener la potestad de nombrar un interventor que asumiera la intendencia por un plazo de seis meses.

Ahora, el demorado pedido de licencia por parte del intendente dejó en suspenso el tratamiento de la intervención.

Las denuncias
Constantino lleva una semana con prisión domiciliaria. Se la impuso la Justicia después de las declaraciones de dos testigos de la causa, quienes dijeron que lo vieron pasar dos veces frente a la casa de Verónica Portillo (27), una de las denunciantes, en un vehículo oficial. En una de esas pasadas, paró unos minutos frente a la propiedad.

Por eso, el abogado querellante, Juan Ignacio Weimberg, pidió la prisión preventiva de Constantino. Y el juez Ignacio Telenta determinó su arresto domiciliario en una audiencia que se extendió durante dos horas.

En una entrevista con Clarín, Verónica Portillo, madre de tres hijas y auxiliar de enfermería en un geriátrico de Urdinarrain, contó su calvario.

La mujer estuvo casada 13 años con Edgar Constantino, sobrino del intendente ahora imputado por tres casos de abuso sexual con acceso carnal. Se separó en mayo de 2021.

"Me decía barbaridades por chat, o en cualquier momento en el que yo me quedaba a solas con él, porque había una cercanía familiar y laboral, ya que mi marido trabajaba en la Municipalidad. Con el tiempo, el acoso empezó a ser físico: me besaba y abrazaba con una intensidad insoportable y me tocaba", afirmó Portillo.

Además, la mujer dijo que fue víctima de abuso cuando el jefe comunal la llevó en auto a su trabajo. También contó que Constantino le pedía fotos en las que ella apareciera desnuda.

Otra de las denunciantes es María Luján Aguirre (39), quien trabajó en el área de prensa de la Municipalidad. "Primero fueron constantes insinuaciones, palabras desubicadas, mirada lasciva y acotaciones que tenían que ver con mi uniforme, con cómo me quedaba la camisa. ¿Qué insinuaciones? Saludaba con un beso desagradable, te abrazaba y aprovechaba para deslizar la mano y tocarte", le dijo Aguirre a Clarín.

Y mencionó varios episodios de abuso que sufrió, entre ellos, cuando Constantino la empujó contra el escritorio. "Nunca había llegado tan lejos como esa vez. Con su mano hizo abuso carnal. Me fui a mi casa llorando, después fui a la psicóloga, le dije toda la verdad, luego le conté a mi marido, hicimos la denuncia en la Fiscalía y me dieron una licencia hasta agosto —período en el que bajó 17 kilos—, que se extendió hasta diciembre de 2021, cuando me terminó echando", contó.

El comisario beneficiado
La escandalosa situación en Gilbert, un pueblo de casi dos mil habitantes, no se limita solo a lo del intendente, ya que también la Policía está muy cuestionada.

Javier Salomón, quien era jefe de la comisaría, fue desplazado de ese cargo. La fiscal Martina Cedrés lo imputó por "cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Estando en funciones, Salomón fue beneficiado con una licitación en la terminal de ómnibus de Gilbert, en la que le adjudicaron el bufet. Además, no habría acatado la orden judicial de detener a Constantino cuando este violó, en otra oportunidad, las medidas restrictivas de acercamiento a las víctimas.

Los abogados de Constantino —intendente por el kirchnerismo desde 2019— niegan las acusaciones de abuso sexual. Advirtieron que "es una causa política", que todo es "falso" y que se trata de "una persecución".

Fuente: Clarín