Los nuevos representantes jurarán este jueves a las 12 en el salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Justicia, según se informó.

El 20 de abril pasado juraron como consejeras las nuevas representantes Jimena de la Torre, Agustina Díaz Cordero, Carina Pamela Tolosa y María Fernanda Vázquez, en representación de los jueces, abogados y el sector académico.

En el caso de Doñate y Reyes, hubo una demora significativa de la Corte para convocar a su jura, en función del conflicto político-judicial que se generó en el Congreso por la definición de estas dos vacantes.

Doñate y Reyes fueron oficializados por las autoridades de ambas cámaras legislativas hace casi un mes, el 20 de abril, y recién hoy, cuando la judicialización parece definida en favor de la validez de estos actos político-administrativos, los jueces de la Corte firmaron la acordada que los acepta como miembros plenos en el organismo constitucional.

En los últimos días, la Justicia federal en lo Contencioso Administrativo rechazó los recursos presentados tanto por Juez como por Martínez para que se anularan las designaciones y si bien queda un pedido de “per saltum” en la Corte presentado por el senador cordobés, la acordada de hoy resuelve por anticipado esa pretensión y deja firme la decisión de sumar a los consejeros.

El argumento de Juez ante la Justicia era que la división del bloque oficialista implicó una maniobra ilícita para arrebatarle el lugar para el que había sido designado por el bloque PRO, mientras que Martínez consideró que la designación de la diputada radical Reyes fue tomada de manera inconsulta por el presidente de la cámara baja, Sergio Massa.

En ambos casos, la Justicia estimó que no eran temas pasibles de intervención judicial porque pertenecen a la dinámica propia del Poder Legislativo y que no se daban las condiciones objetivas para conceder los recursos que se solicitaban.

Con la jura de estos dos miembros, el Consejo quedará integrado como definió la Corte en su fallo de diciembre pasado, que declaró inconstitucional la integración del organismo por un desbalance entre el sector técnico de jueces, abogados y académicos y el político, integrado por legisladores y el representante del Poder Ejecutivo.

En la composición anterior, el Consejo contaba con trece miembros: tres jueces, seis legisladores, dos abogados, un representante del Poder Ejecutivo y uno del ámbito académico.

Esta integración fue sancionada por una ley del Congreso en 2006 pero un planteo de inconstitucionalidad del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires terminó siendo aceptado por la Corte, que definió instar al Congreso a sancionar una nueva ley con paridad de representación técnica o política.

Para esta adecuación constitucional, la Corte fijo un plazo de 120 días, hasta el 18 de abril; caso contrario se volvería a la composición anterior de veinte miembros, con la presidencia a cargo del titular del alto tribunal, en esas circunstancias, Horacio Rosatti.

Si bien el Senado dio media sanción a una nueva ley para el Consejo, el balance de fuerza entre oficialismo y oposición en Diputados paralizó la sanción de la norma, mientras que en paralelo se elegían los nuevos miembros para la eventualidad de volver a la composición anterior.

El 18 de abril, Rosatti asumió la conducción del organismo incorporado en la reforma constitucional de 1994, aun cuando no habían asumido los seis miembros que faltaban.

"Resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos -cualquiera fuera el motivo- pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional", señaló la Corte al poner en marcha el Consejo aumentado.

El mismo Rosatti se pronunció hoy, en un encuentro convocado por el grupo Clarín, sobre la composición del Consejo y sus circunstancias políticas y jurídicas.

"Más allá de los debates, que desde el punto de vista jurídico está saldado, celebro que se haya acatado del fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura, cuando muchas voces agoreras decían que no se iba a acatar", dijo Rosatti.

Luego amplió la definición y dijo que "hay que acatar los fallos de la Corte porque es la última instancia y es en la que confía la gente, que sus derechos van a estar protegidos. Esto también sirve para equilibrar a los tres poderes".

Fuente: Télam