El juez federal Daniel Rafecas secuestró esta tarde en la empresa estatal Energía Argentina el expediente de la licitación del gasoducto Néstor Kirchner, luego de las denuncias presentadas en medio del escándalo que puso bajo la lupa el área de Energía del Gobierno, controlada por funcionarios de Cristina Kirchner.

También hubo otro procedimiento en el Ministerio de Desarrollo Productivo que dio resultado negativo, dijeron a fuentes al tanto de la investigación.

Rafecas, a instancias del fiscal Carlos Stornelli, que impulsó la investigación, firmó órdenes de presentación de documentación (sin allanamientos en subsidio) para obtener los documentos relacionados con la obra, motivo del conflicto entre el saliente exministro de la producción Matías Kulfas y el Gobierno.

En la empresa de energía los funcionarios judiciales se llevaron el expediente de la licitación, que “está en los primeros tramos”, dijeron las fuentes.

En paralelo, otra orden de presentación se realizó en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en busca de alguna documentación relacionada con el "famoso off the record" que se le adjudica a personas allegadas al saliente ministro Kulfas, donde se sugería que se habían armado los pliegos de licitación para favorecer a una subsidiaria brasileña de Techint para la provisión de los caños para el gaseoducto.

Ese procedimiento judicial en Desarrollo Productivo dio resultado negativo, dijeron las fuentes consultadas.

La investigación que se aceleró en el día de ayer estuvo motivada en la denuncia que presentó el abogado Santiago Dupuy de Lome, que recayó por sorteo en el juzgado de Rafecas. El denunciante mencionaba que se debían investigar los posibles delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario publico y abuso de autoridad.

También se sumaron este lunes otras dos denuncias de los diputados Graciela Ocaña y Waldo Wolf y de Yamil Santoro, de la Fundación Apolo, todas de la oposición. Si bien esas denuncias recayeron en otros juzgados, es probable que se unifiquen en la causa de Rafecas que es quien mas avanzó hasta el momento.

El principal acusado en la denuncia de Ocaña y Wolf es Agustín Gerez, presidente de Energía Argentina SA y hombre que responde al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, en el organigrama de La Cámpora. Para los denunciantes, Kulfas debería ser testigo en este caso.

En paralelo, la Fundación Apolo, de Yamil Santoro, José Magioncalda y José Luis Patiño, presentó otra denuncia contra el directorio de Enarsa para que se determine si se direccionó la licitación para la compra de los caños necesarios para ejecutar la obra. Los denunciantes señalaron que se habría "direccionado la contratación de los caños para el gasoducto Néstor Kirchner, mediante la exigencia de especificaciones técnicas tendientes a que sólo una empresa pudiese resultar adjudicataria de la licitación".

El viernes pasado, el Ministerio de Desarrollo Productivo había dejado trascender en reserva que "es Ieasa (actual Enarsa), con funcionarios designados por ella [Cristina Kirchner], quienes hacen las licitaciones. Los que no usaron la lapicera como corresponde fueron sus funcionarios de Ieasa. Ellos armaron un pliego de licitación a la medida de Techint y de la chapa que el grupo fabrica en Brasil, de 33 mm de espesor. Si en lugar de poner esa especificación, hubieran puesto 31 mm, como son los gasoductos en Europa, se podría haber provisto caños desde otra firma que produce en Villa Constitución (Laminados Industriales SA)".

Si bien la adjudicación fue realizada hace un mes, todavía no se firmó el contrato para avanzar con la compra de los caños, el primer paso para avanzar con la obra del gasoducto Néstor Kirchner. El siguiente paso fue el llamado de licitación para su construcción, que se realizó el viernes pasado. La apertura de las ofertas se realizará el 8 de julio.

Fuente: La Nación