En la última sesión de la Legislatura Provincial, el diputado de Encuentro Ciudadano, Gabriel ‘Faty’ Oliva, presentó un proyecto de resolución en el que se le solicita “al Consejo Provincial de Educación (CPE) que autorice el ingreso a las instituciones educativas de los Acompañantes Terapéuticos y profesionales designados por las familias, con el objetivo de garantizar la inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad en las Escuelas de todos los niveles dependientes de la Provincia de Santa Cruz”.

Un segundo artículo del proyecto plantea la necesidad de que el CPE “aumente el número de docentes y profesionales acompañantes designados por esta cartera de modo que cada estudiante con discapacidad reciba la atención necesaria para garantizar su derecho a la educación”.

“Planteé aprobar este pedido sobre tablas, es decir, en la misma sesión del jueves pasado, pero el Frente de Todos prefirió enviarlo a comisiones”, detalló Oliva. “Desde el bloque oficialista expresaron que hubo una comunicación con las máximas autoridades del Consejo Provincial de Educación y que se harían presentes en la Legislatura. Es fundamental que den respuestas”, señaló.

El legislador advirtió que “son las propias familias quienes plantean esta situación”. “Así quedó en evidencia en la Comisión de Salud de la Legislatura, en la que se discutieron los alcances de una nueva Ley Provincial de Discapacidad, realizada el pasado 13 de junio. Allí participaron diputados, familiares y representantes de distintas instituciones vinculadas al tema”, precisó.

En efecto, en el escrito de fundamentación que Oliva presentó junto a su pedido, se dan más precisiones del planteo de las familias. Se detalla que “en reuniones con padres y madres nucleados en FAPROMISA Familias por la Discapacidad, se nos ha manifestado que la modalidad actual de atención de alumnos y alumnas con discapacidad es sumamente deficitaria. La asistencia de los mismos a los establecimientos educativos está mediada por docentes acompañantes que el CPE designa en un número muy limitado. Según manifiestan estos padres cada docente está designado para atender seis o más alumnos/as, que además por lo general asisten a escuelas diferentes. Esto hace que el seguimiento del proceso educativo de los y las estudiantes con discapacidad sea discontinuo”.

Oliva cuestionó que de esta manera “los estudiantes con discapacidad ven enormemente afectado su derecho a la educación”. “Esta situación injusta e inadmisible necesita una respuesta de las autoridades de gobierno provincial”, concluyó.

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A continuación, desde Encuentro Ciudadano detallan tres fragmentos importantes de la Fundamentación escrita que acompañó el pedido a las autoridades del Consejo Provincial de Educación:

• Los/las estudiantes con discapacidad requieren en general de la asistencia personal de Acompañantes terapéuticos, psicólogos u otros profesionales que son contratados por las familias y en muchos casos cubiertos por las obras sociales incluyendo la Caja de Servicios Sociales provincial. En una situación insólita, el CPE impide el acceso de estos profesionales a las escuelas. Esto determina en algunos casos que los/las estudiantes puedan asistir únicamente en los cortos períodos de tiempo en los cuales los docentes especiales designados por el CPE pueden acompañarlos, que suele ser unas pocas horas a la semana.

• El derecho a la educación de las personas con discapacidad está garantizado por la normativa internacional, nacional y provincial (…) La Ley de Educación Provincial 3305, en su Art. 95, establece que la Educación Especial es la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el derecho a la educación de las personas en situación de discapacidad temporal o permanente que enfrentan barreras al aprendizaje y la participación, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo (…) Y que el CPE garantizará la integración de los/as alumnos/as con discapacidad en todos los niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona.

• El propio CPE en su resolución 316 de marzo del 2021 aprueba el formato proyecto Personalizado para la Inclusión (PPI) como documento de uso oficial para el seguimiento de las trayectorias de los/las estudiantes con discapacidad y/o trastornos transitorios o permanentes en el ámbito del sistema educativo de la provincia, en el cual se destaca la necesidad de remover barreras institucionales e instaurar una cultura inclusiva.