"En cuanto a la relación con las obras sociales no pagan los honorarios hace varios meses, y eso sucede en todo el país, no solamente en Caleta Olivia", dijo.

De hecho, la mayoría de las deudas provienen de mayo, y las obras sociales aducen que la Superintendencia de Salud de la Nación "no hizo los depósitos para el pago de las prestaciones".

"Esto quiere decir que a todos los profesionales que proveen un servicio para las personas con discapacidad se les ha dejado de abonar los honorarios", comentó.

"En algunos casos no solamente deben honorarios de mayo, si no hay casos de deudas desde marzo. Después de un movimiento nacional que se fue gestando en las últimas semanas se han registrado deudas de 2020-2021, que no se pagaron los honorarios", agregó Constancio.

"Pero que los proveedores cobremos tarde no es ninguna novedad", reiteró, remarcando el comportamiento de muchas obras sociales como OSDE, OSPE, o las obras sociales de sindicatos mineros, o de otros gremios.
El otro problema que ven los prestados es que "surgió un DNU, un borrador que plantea que se debata en la cámara diputados una reorganización del sistema de prestaciones".

Para Constancio, "ahí vendrá el ajuste, porque según lo que establece ese proyecto es sacar la obligatoriedad de garantizar las prestaciones para discapacidad, y que pasen a un directorio único y que no dependa del fondo solidario de las obras sociales, sino que dependa de un presupuesto del tesoro nacional".

"Al depender de ese tesoro, en vez de auditar a las obras sociales se hará el control sobre el paciente para ver si requiere o no la prestación. Esto va a implicar que, sujeto a esos presupuestos recortados, no se puedan garantizar todas las prestaciones que requiere una persona con discapacidad", explicó.