El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Paula Ludueña, firmaron un convenio que permitirá al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG) contar con los perfiles de las personas condenadas en causas vinculadas a delitos sexuales.

El Registro almacena y sistematiza los perfiles genéticos de los criminales sentenciados, cumpliendo con la confidencialidad y seguridad de la información estipulada por la Ley de Protección de Datos Personales, con el objeto de individualizar a las personas responsables de este tipo de crímenes.

Se trata de la quinta provincia argentina que se incorpora al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual que articula el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y que sirve para entrecruzar datos y perfiles, con el objetivo no solo de prevenir sino también de sancionar delitos como los abusos sexuales.

La firma digital se realizó a través de una videoconferencia en la que el ministro Soria indicó que el acuerdo significa “un avance muy importante” para combatir este tipo de delitos y destacó la decisión política del gobierno nacional en avanzar con el registro, luego de la paralización de la iniciativa durante la administración de Mauricio Macri.

En este sentido, vale mencionar que la Ley 26.879, sancionada en 2013 se reglamentó en 2017 pero ninguna provincia fue incorporada para entrecruzar perfiles y datos genéticos de agresores sexuales.

Por su parte, la presidenta del TSJ, destacó el convenio que permitirá avanzar en las causas de un delito tan aberrante como es el abuso sexual que afecta sobre todo a las mujeres y las niñas.

Asimismo, Ludueña puso en valor la importancia de que Santa Cruz tenga "un Laboratorio regional forense como el que tenemos, que es de excelencia y con esta herramienta va a hacer un aporte importantísimo para que estos delitos se esclarezcan y tengan sentencia.

De la ceremonia participaron el secretario de Superintendencia, Matías Neil y el coordinador General del Laboratorio Regional Forense, Adrián Acuña, quien explicó cómo será la implementación del RNDG.

Con la Ley que creó el Registro, se estableció una junta técnica evaluadora de laboratorios forenses del país. Así, el que depende del Poder Judicial de Santa Cruz se sometió a esa evaluación ante especialistas y expertos en genética forense y obtuvo su certificación IRAM ISO 9001, que lo habilitó a realizar la carga de perfiles genéticos de abusadores sexuales.

"Hasta el momento los perfiles no se cotejaban porque no había un registro. Hoy en una causa de abuso, en las diferentes muestras que se toman sobre la víctima, podemos llegar a encontrar un perfil genético masculino, que puede ser del abusador, pero la pericia termina ahí porque no tenemos con qué compararla".

A partir del convenio vamos a poder incorporar ese perfil y compararlo con los demás añadió Acuña.

Es que si bien Santa Cruz sancionó el Registro Único de Personas Violentas, esa ley no está reglamentada. Es mucho más amplia porque no habla solo de delitos sexuales, y nos permitiría generar un registro con todas las personas con metieron un delito y tienen condena firme. Una vez que se reglamente, en el laboratorio podemos empezar a generar nuestro propio registro”, explicó el coordinador General.

El Laboratorio que posee el Poder Judicial de la Provincia forma parte de una red forense distribuida en todo el país, que está integrada por dos tipos de laboratorios, los satélites y los regionales.

"El nuestro tiene todo el equipamiento para realizar todos los análisis necesarios que la Justicia necesite para resolver sus causas. Eso significa que tiene desarrollo de microscopia electrónica, toxicología, las áreas ambientales de genética forense y de filiación, y eso le da la característica de un laboratorio de alta complejidad. Es uno de los más avanzados en equipamiento y capacidad técnica centralizados en un mismo lugar", dijo Acuña.

A partir de ahora, el Poder Judicial se ocupará de determinar de forma fehaciente quiénes están en condiciones de ser llamados para tomarles una muestra de ADN, generarles un perfil y cargarlos en el registro.