La reciente aprobación de la "Ley Lucio" determina una serie de obligaciones que el estado se impone, en relación a cómo actuar ante casos de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes. Ahora los poderes Ejecutivo y Judicial de la Nación deberán establecer un protocolo de actuación conjunto, y se tendrán que desarrollar capacitaciones extensivas a todos los agentes públicos del país.

Si bien la norma ya forma parte del ordenamiento jurídico nacional, su implementación demandará toda una logística que viene a cambiar el paradigma de tratamiento de las problemáticas que la motivaron. Así lo señaló este lunes la especialista en el derecho de las infancias, doctora Pamela Pérez. La abogada fue la primera en ejercer en Caleta Olivia como autoridad de aplicación de la Ley Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, sancionada en el año 2005.

Comprendiendo que la muerte de Lucio "se pudo evitar", la abogada enfatizó que para que no existan otros casos similares "tenemos que cambiar el paradigma. El Estado tiene que estar antes. Si bien tenemos nuestra Ley de Protección Integral (desde hace 18 años) estamos viendo que necesitamos cambiar. Volvemos a lo mismo que decíamos con la Ley Micaela, de qué sirven las leyes si las personas que forman parte del Estado, funcionarios y agentes púiblicos, no tienen está perspectiva de niñez".

Mirá acá el video de la entrevista con la doctora Pérez:


En la misma dirección explicó que a partir de la sanción de la norma actual, el Estado se obliga a capacitar a todo su recurso humano, funcionarios y empleados. Los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Nación deberán elaborar y establecer un protocolo conjunto. "Todos tendremos el mismo librito", ejemplificó; y puntualizó que ante la denuncia de cualquier ciudadano o ciudadana, no necesariamente la víctima, se tendrá que poner en marcha el protocolo.

"Pero, además, la Ley agrega un elemento punitivo. Si el agente público que recibió la denuncia no la tomó y no activó el protocolo, se lo considerará en falta a sus responsabilidades como funcionario público", aclaró Pérez, valorando esta característica de la Ley. También reclamó más presupuestos y recursos humanos para las oficinas de Protección Integral. "Si tenemos equipos de 4 profesionales para todas las vulneraciones que sufren las infancias en una ciudad, claramente no va a dar a basto", opinó.

Del mismo modo, trajo a colación que las denuncias podrán ser anónimas, recordó que las provincias tendrán que establecer un número de contacto telefónico gratuito para recibirlas; pero acotó que en cualquier oficina pública se podrán radicar. "tanto en sedes judiciales como administrativas, como las oficinas de Protección Integral, municipalidades; en cualquier recepción de estamentos públicos".

Por otra parte, el Estado se obliga a realizar campañas de concientización cada 6 meses. Para la doctora el Estado tiene responsabilidad por cada vulneración de derechos que no encuentra una solución, aunque no niega que el componente social es fundamental para dar un vuelco cultural en relación a la problemática.

Finalmente, consultada acerca de la difusión negativa que a raíz del caso de Lucio han tenido en los últimos meses los feminismos, expresó que no es condición para ejercer la violencia que ejercieron la madre y su pareja en contra de Lucio (hecho por el que fueron condenadas a cadena perpetua) el hecho de ser mujeres lesbianas. "Incluso si vamos a la estadística estos hechos aberrantes no suelen ser cometidos por mujeres", recordó, y endilgó estas difusiones a personas malintencionadas.

"Las feministas no buscamos someter a nadie, solo buscamos igualdad. Y este caso no tiene nada que ver con el feminismo, sino con dos personas que valla a saber qué se les pasó por la cabeza para hacer la brutalidad que hicieron contra un niño", culminó.