Lo hizo la Legislatura Provincial, a través de una Resolución sancionada el último jueves. Piden que se respeten las garantías constitucionales y el proceso judicial. “El 90% de los funcionarios nacionales tienen causas que son condenables y ni siquiera se les llama para preguntarles algo”, señaló el presidente del FPV-PJ, Matías Mazú, una vez finalizada la sesión.

Durante la última sesión ordinaria en el parlamento provincial, se aprobó por mayoría una Resolución mediante la que se requiere “la inmediata liberación del Intendente electo Atanasio Pérez Osuna, detenido arbitrariamente, dado que no existen elementos procesales que justifiquen el dictado de su prisión preventiva, garantizando un proceso judicial que respete las garantías constitucionales”.
Así lo sostiene la Resolución sancionada este jueves, impulsada por el diputado Matías Bezi, a la vez que repudiaron “enérgicamente la utilización del Poder Judicial y de las Fuerzas de Seguridad, como modo de persecución a la oposición política, ejercida institucionalmente por decisión del mandato popular”.

Al respecto, una vez finalizada la sesión, en diálogo con medios de comunicación presentes, el presidente de la bancada del Frente para la Victoria – Partido Justicialista, Matías Mazú, señaló que “creemos que han vulnerado el derecho de presunción de inocencia, y hoy el Intendente Atanasio Pérez Osuna está injustamente preso”, al tiempo que señaló que “él, como yo, y cualquiera de los compañeros, estamos dispuestos a ir a la Justicia y ponernos a derecho, pero en el marco de la Constitución y de las leyes”.

“Esto no ha ocurrido con Atanasio Pérez Osuna – consideró el legislador sobre la prisión preventiva dictada sobre el Intendente de Río Turbio, sin sentencia y sin causa elevada a juicio - y con otros presos políticos, por eso pedimos la liberación y rechazamos este tipo de metodologías, esta intervención del Poder Ejecutivo Nacional sobre determinados sectores de la Justicia, o del Partido Judicial, donde se ataca solamente a los opositores”.

Finalmente, respecto del accionar del Poder Judicial con funcionarios del Gobierno Nacional, Mazú sostuvo que “el 90% de los funcionarios nacionales tienen causas que son condenables y ni siquiera se les llama para preguntarles algo, entonces es clara la persecución política del Gobierno Nacional, con un sector de la Justicia, hacia los adversarios políticos. Nosotros defendemos la Constitución y las leyes, y queremos que se indague, y se juzgue basado en la Constitución”, concluyó.