En Santa Cruz, hablamos de 267 personas comprendidas en la tarea de magistratura, pero también los ministerios públicos, integrados por las defensorías públicas y las fiscalías.
Existen actualmente 5 vocalas y vocales del Tribunal Superior, 2 jueces de Recursos, 23 son jueces y juezas de primera instancia, 11 de Cámara, 19 encabezan las defensorías de primera instancia, 10 fiscales de primera instancia, 2 de cámara, 2 defensores de cámara, además de la defensora general y el fiscal general ante el Tribunal, 18 jueces y juezas de paz, más 48 letrado y letradas adjuntos, entre otros.

A propósito de esta jornada, la presidenta del máximo tribunal, Paula Ludueña, indicó que “es muy importante que la comunidad conozca lo que se hace para garantizar el acceso a la justicia de todo ciudadano y ciudadana en condiciones de igualdad”.
En este sentido, en pos de una Justicia cada vez más transparente y participativa, la ciudadanía tiene acceso al sitio jussantacruz.gob.ar donde se puede acceder a información institucional.

Cada mes, las defensorías públicas reciben cerca de 230 consultas y las fiscalías santacruceñas atienden un promedio de 30 denuncias por mes, al tiempo que un juzgado civil de primera instancia recepciona el doble. Una tarea silenciosa que, gracias a la decisión política del Tribunal Superior, sumó herramientas para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos y ciudadanas. Un ejemplo es que, actualmente, todas las localidades cuentan con un Juzgado de Paz, que resultaron estratégicos toda vez que están habilitados para recibir denuncias por violencia de género, que luego se remiten al fuero correspondiente.

Las violencias son la dimensión más crítica de muchos flagelos sociales que el servicio de justicia aborda diariamente. A modo de ejemplo, la mayoría de los juicios que se celebran en la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción son por delitos contra la integridad sexual. En tanto que, más del 80% de las personas que denuncian violencia en las OVD emplazadas en Caleta Olivia y Río Gallegos, son mujeres.

De ahí que el Tribunal Superior decidió jerarquizar su Oficina de Género, elevándola al rango de Secretaría, bajo la premisa de avanzar fuertemente con la capacitación obligatoria (Ley Micaela) en todo el Poder Judicial. Hoy Santa Cruz tiene al 100% de su magistratura y el 96% del funcionariado capacitado.

Asimismo, en lo que va del 2023, la Escuela de Capacitación del TSJ ya llevó adelante más de 40 cursos y talleres de formación y actualización para la magistratura y el funcionariado, de forma gratuita y a los que en algunas oportunidades se invitó a la comunidad.

Por otro lado, la justicia santacruceña avanza en el desarrollo de métodos alternativos de resolución de conflictos como el área de Mediación, que en su prueba piloto en Río Gallegos y actualmente en Caleta Olivia, lograron reducir el volumen de litigiosidad.

Este aniversario coincide con la fecha de la fundación de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), que inició sus actividades el 15 de septiembre de 1966.