En diciembre del 2020, nuestro país sancionó la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), como consecuencia de la lucha histórica de los movimientos feministas en las calles.

Como comunicadoras, nos tocó cubrir muchas veces historias de mujeres hospitalizadas con guardia policial, sospechadas de haber abortado, o de allanamientos en los que la policía filtraba que habían encontrado blíster de pastillas, dato que luego terminaba en los titulares. El aborto era un asunto clandestino, que se practicaba más allá de imaginar cualquier riesgo posible.

En plena pandemia, no fue posible que los hospitales de Santa Cruz garantizaran la práctica de IVE, como tampoco lo hacían con la ILE, que es la interrupción legal del embarazo en casos donde estuviese en peligro la salud de la mujer, incluida la salud emocional. Hablamos de una práctica establecida en 1921, pero que, con la obstaculización constante del personal de salud, no se garantizaba en ningún hospital.

Araucarias acompañó a mujeres en situación de ILE que debieron ser derivadas a otros centros de país, hicimos denuncias ante la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y presentamos pedidos de acceso a la información pública que no fueron respondidos.

Eso cambió con la asunción de Laura Ibáñez en la Dirección Provincial de Determinantes de Salud. Me siento orgullosa de lo que hicimos porque a esta lucha la dieron los movimientos feministas, viene bancada desde ahí y luego hubo decisiones políticas que sostenemos, pero no podemos descuidarnos ni un segundo, expresó.

Luego de la sanción de la ley, en la primera reunión para coordinar la puesta en marcha de la ley en Santa Cruz, todos los directores se declararon objetores de conciencia, pretendiendo que esta figura alcanzase a las instituciones. Instituciones donde había médicos que en el sistema público se negaban a realizar los abortos, y en las clínicas privadas, cobraban alrededor de cincuenta mil pesos.

Ante la negativa de todos los directores, el Ministerio de Salud emitió una circular ordenándole a los hospitales la creación de equipos interdisciplinarios para avanzar con la ley, pero se negaron hasta que la orden salió por Resolución Ministerial.

Con el correr del tiempo los hospitales garantizaron la atención de IVE, sobre todo Caleta Olivia, Río Gallegos y Río Turbio, creando áreas específicas. Sin embargo, Piedra Buena fue la última localidad en sumarse porque el municipio gobernado por la familia Bodlovic, se resistía a reconocer el derecho de las mujeres y cuerpos gestantes.

Los datos

La práctica de IVE/ ILE se realiza bajo un código hospitalario. Sin embargo, esto también es un punto de resistencia en el sistema público, que todavía hoy, asienta los abortos como gastroenteritis o cualquier otra dolencia. En el peor de los casos, y para estigmatizar a las usuarias del sistema, los profesionales directamente escriben en sus planillas la palabra “aborto”, violando la confidencialidad de las pacientes.

De ahí que los datos que Araucarias da a conocer, son los que sí se registraron correctamente, y marcan que en lo que va del año se realizaron más de 1200 IVE/ILE en Santa Cruz. Hablamos de una práctica que es medicamentosa, es decir, con pastillas en más del 95% de los casos y no necesita internación.

Entre enero y julio, hubo 987 consultas ambulatorias. De ese total, 387 fueron de seguimientos y control de interrupción del embarazo, 272 recibieron consejo y asesoramiento general sobre la práctica, hubo 179 interrupciones sin otra especificación, 149 atenciones sanitarias para abortar.

El grueso de las personas que abortaron en Santa Cruz tienen entre 21 y 25 años. Le siguen las mujeres de 26 a 30 años, y, en tercer lugar, las de 16 a 20 años. En este sentido, es importante destacar que es muy ínfima la porción de adolescentes de 13 a 15, al igual que las de mayores de 45 años

En ese periodo de tiempo, Caleta Olivia atendió a 404 personas, Río Gallegos a 320, Puerto Deseado a 92, Gobernador Gregores a 44, Perito Moreno a 42, Río Turbio 34, Puerto San Julián a 33, Las Heras a 24, Los Antiguos a 11, 28 de Noviembre (que deriva a Turbio), a 10 mujeres, Pico Truncado a 6, El Calafate a 8, El Chaltén a 5 y Piedra Buena a 7.
Los centros de salud también son un punto verde. De ahí que, en el mes de agosto, el Nº 2 DE Río Gallegos hizo 99 prácticas, y el Nº 5 contabilizó 71.

La realizaron de estadísticas sigue siendo un trabajo complejo, y como consecuencia de la preocupación que todavía genera en muchos efectores de salud, el hecho de ser señalados por sus colegas objetores, no todas las IVE / ILE son registradas, por lo que el número de atenciones debe ser mayor. Así, por ejemplo, en 2021, Santa Cruz muestra que se hicieron 156 abortos, pero en 2022 ese número escaló a 1445 y en julio del 2023 ya alcanzaba los 1023.

Actualmente, la provincia cuenta con 29 consultorios de salud sexual y reproductiva, incluidos los hospitales modulares inaugurados recientemente.

Hoy, que conmemoramos el Día de Acción Global por el derecho al aborto legal, desde Araucarias queremos hacer un aporte a las audiencias, respecto del acceso a la información que sirva para la defensa de un derecho conquistado con la lucha de miles y la vida de otras tantas a las que el Estado les dio la espalda.