Este jueves, la jueza de garantías de Rawson, Karina Bréckle dejó abierta la investigación preparatoria contra siete funcionarios públicos y dos empresarios por presuntos negociados y direccionamientos al momento de realizar obras de reparación en varias escuelas públicas del interior Provincial.

Se trata de los funcionarios públicos Edgardo Campos, Mónica Martínez Carpio, Maximiliano Garcia, Roció Silva, Leonardo Chacón y Claudio Márquez. Pertenecen algunos al Ministerio de Infraestructura y otros al Ministerio de Educación. Además, los empresarios Osvaldo Ponce de León y Juan Cottet, ambos de la ciudad de Esquel.

Para los funcionarios públicos, la imputación es la de “defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público en carácter de coautores”. Los empresarios Ponce de León y Cottet, en calidad de cómplices primarios.

El agraviado es el Estado provincial por una suma estimada por los acusadores, superior a los 20 millones de pesos. Se investigan quince hechos acerca de cómo fue el ardid que apuntaba a direccionar las obras, simulando falsos concursos de precios para ejecutarlas.

DENUNCIA

La denuncia fue realizada por el actual Gobernador Mariano Arcioni, luego que un escape de monóxido de carbono en la escuela de Buenos Aires Chico de la localidad de El Maitén, afectará la salud de 58 alumnos, algunos de los cuales debieron ser hospitalizados.

Lo ocurrido desató la investigación, que, a su vez, debió desdoblarse. Por un lado, la denuncia de los padres de los niños afectados en su salud se remite ahora a través de la fiscalía de Lago Puelo. La relacionada con las irregularidades en la reparación de la caldera que produjo el escape, desató otras maniobras en otros establecimientos educativos del interior provincial y está a cargo del fiscal general Omar Rodríguez, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública.

Cabe recordar que la defensora Gladys Olavarría, intentó que la jueza Breckle, sea incompetente para llevar adelante el proceso. La magistrada rechazó este planteo, por lo que la defensora Olavarría insistirá con sus argumentaciones ante el Superior Tribunal de Justicia.

La maniobra

Según la descripción de los hechos para que los imputados sepan por qué se los comienza a investigar, el fiscal general Rodríguez, afirmó que “en términos generales el modus operandi, se llevó a cabo a partir de instrumentos legales como la contratación directa, en la mayoría de los casos en función del monto de la contratación. Se selecciona de manera arbitraria y discrecional, quien será el proveedor que hará el trabajo de refacción, esto, claro está, fruto de acuerdo previo al margen de la ley. Que en general no responden a la idoneidad del elegido, sino que las razones están dadas por otras causas, como lo son la amistad, la devolución de favores de campaña, el lobby de personas influyentes en los funcionarios con toma de decisión, etc.”

Asimismo, “se cursan invitaciones vía mail, generalmente a tres proveedores para que coticen. La otra forma es el firmado de una planilla que se agrega al expediente administrativo, la cual se encuentra en la repartición donde se hace el llamado, y resulta demostrativa de que el proveedor ha sido invitado a cotizar. En ambos casos el proveedor recibe la información necesaria (trabajos a realizar, el monto del presupuesto oficial, etc.) para poder efectuar la oferta en el tiempo fijado en el llamado, la cual se materializará mediante la presentación en sobrecerrado con la documentación pertinente exigida, en el lugar indicado”.

Agregó que “las invitaciones a cotizar en estos casos, no tienen por fin abrir un terreno propicio para generar competitividad en busca de mejores precios, y de mejores productos para el Estado, sino, por el contrario, es utilizado para aparentar el cumplimiento de dicho extremo”.

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Más adelante indicó que “este mecanismo, de cursar invitaciones a distintos proveedores, en el presente caso, buscó encubrir un direccionamiento en la contratación para beneficio de un tercero, y a su vez, cubrir la responsabilidad funcional. En definitiva, darle apariencia de legalidad”.

Rodríguez agregó que “los funcionarios invitaban a proveedores que sabían de antemano que no iban a presentar cotizaciones, dejando vía libre al candidato seleccionado a quedarse con la, que aparecía como único oferente. Y claro está, su oferta siempre resultaba económicamente la más conveniente”.

Firmas falsas

Por otro lado, “en los expedientes administrativos que se generaban en la Regional Esquel de Obras Públicas, la prueba de que se había invitado a varios proveedores a cotizar se hacía por medio de una planilla que se agregaba al mismo, apareciendo estampada la firma del candidato a quedarse con la obra, en nuestro caso Juan Manuel Cottet, junto a las firmas de sus acompañantes las cuales se falsificaban. A su vez, se han detectado que en varias de las obras de refacciones en distintos establecimientos educativos se iniciaban sin ningún tipo de respaldo documental. Esto es, se disponía que el contratista comience la obra y luego se armaba el expediente, acomodando las fechas y los distintos actos administrativos para darle apariencia de legalidad a la documentación obrante en los mismos, para luego la autoridad competente autorizar la contratación directa en función de lo actuado”

A manera de conclusión sobre el modus operandi dijo que “surgió del análisis de los elementos de convicción que el presupuesto oficial, el cual, debía ser confeccionado por los funcionarios estatales que cumplían funciones en las áreas competentes, con base en precios o valores de mercado contenido en función a los registros que poseían, era realizado por el proveedor. Es decir, el contratista hacía el relevamiento, confeccionaba la memoria descriptiva con los trabajos a ejecutar y fijaba el monto que se iba a convertir en el presupuesto oficial, sobre ese monto que había fijado el propio proveedor, hacía la oferta incrementando el porcentaje dinerario”.

Los defensores

En la extensa audiencia de apertura de investigación que demando la lectura de casi 40 fojas, los acusadores también brindaron un pormenorizado detalle de cada una de las obras que, según a criterio de ellos, fueron contratadas en forma irregular, resumidas en 15 hechos.

Los defensores, Gladys Olavarría, Miguel Moyano, Romano Cominetti, Hugo Cansino y Nelly Garcia, coincidieron en general, en que la descripción de los hechos fue “confusa e imprecisa”, que afecta el legítimo derecho de la defensa porque “no tenemos en claro de que nos tenemos que defender” (Cominetti). Cuestionaron además la cifra a la que concluyeron los fiscales en relación con la maniobra que superaría los 20 millones de pesos. Además de estas observaciones, la defensora Olavarría ataco la calificación legal.

Para el Fiscal General, Omar Rodríguez, el prejuicio final surgirá de la investigación y que “en las maniobras de direccionamiento no hace falta determinar el monto. Lo que hace falta es probar que sí, existió un perjuicio”

Al momento de resolver la jueza, Breckle, relativizó las observaciones de los defensores y que el Ministerio Público Fiscal está facultado para plantear la investigación preparatoria en estos términos, mediante la enunciación de los hechos que ahora comienzan a ser investigados.

En tal caso, destaco que durante la investigación, los acusadores, por el deber de objetividad, están obligados a sobreseer o cambiar la calificación legal de los hechos.

Finalmente, la jueza consideró que la causa sea tratada como compleja, por lo que de ahora en más los fiscales tienen el plazo de un año para avanzar en la investigación y así presentar la acusación.

Fuente: ADNSUR