El flamante gobierno de Javier Milei aún presenta grandes interrogantes en materia energética. No obstante, un antecedente sobre la “desregulación” en los años ’90 puede adelantar de qué forma será traducido ese basamento ideológico.

Se trata de los Decretos 1055, 1212 y 1589 del año 1989, que plasmaron la liberalización del sector, la libre disponibilidad de producción y divisas tanto para importación como exportación, y la eliminación de todo tipo de impuestos y gravámenes.

Así lo explicó Juan José Carabajales, director de la consultora Paspartú, que en el último informe de diciembre, detalló las incógnitas en materia energética, el mapa de nuevos actores y algunos indicios sobre la nueva hoja de ruta del actual gobierno.

Los interrogantes - según el ex funcionario- giran en torno a una serie de temas claves para la industria, como por ejemplo qué va a pasar con las concesiones hidroeléctricas, si se revierte al Estado Nacional, se articula con las provincias en un ente federal, se prorrogan la concesiones actuales o se relicita al sector privado, o cuál será la postura de Argentina frente al cambio climático.

También aparecen otras cuestiones importantes. ¿Se confirmará que “Argentina va a seguir comprometida con el Acuerdo de París y va a cumplir sus obligaciones climáticas”? ¿Qué vinculación tendrá la nueva YPF con las políticas energéticas? ¿Será quien marce el ritmo de las inversiones en Vaca Muerta, la liberalización de los precios en surtidor y las importaciones a pérdida? ¿Desinvertirá en áreas marginales? ¿Se impulsará un esquema de iniciativa privada para la etapa II del GPNK y la reversión del Gasoducto Norte, así como para la red troncal de energía eléctrica? ¿Se suspenderán las represas de Santa Cruz, la IV nuclear y el prototipo CAREM? .

El resumen ejecutivo elaborado por Paspartú también contempló las medidas energéticas que podría contener la “ley ómnibus”: el precio de los combustibles con la liberalización total del precio de naftas y gasoil en el mercado nacional y reducción o e