El gobierno de la provincia de Santa Cruz inició un proceso de regularización de todas las cooperativas que tienen contratos con el Estado; a fin blanquear tanto la cantidad de asociados como el costo de sus respectivos servicios y el reparto de los aportes.

El objetivo de la administración Vidal, es garantizar un precio justo por los servicios y una clara distribución de las rentas entre sus asociados. El origen de esa decisión tiene relación con el testimonio de trabajadores de esas cooperativas, que denunciaron bajos salarios, ausencia de sus autoridades e irregularidades en la administración de los fondos.

Por tal motivo, el gobernador Claudio Vidal lanzó en la segunda quincena de diciembre, a través del ministerio de Desarrollo Social, un proceso de regularización de las instituciones sociales, a fin de establecer una base de datos actualizada tanto de la cantidad de asociados, como de sus cumplimientos fiscales, salariales y servicios prestados.

Desde entonces hasta ahora solo se presentaron 5 cooperativas de un universo de más de 50 existentes, que mantienen vínculos contractuales del Estado. Los ministerios que más cooperativas contrataban eran el de Educación (6) y el de Salud (16).

“Parece que en Santa Cruz finalmente existen los fantasmas y se refugian en las conducciones de las cooperativas” lanzó la ministra de Desarrollo Social, Jazmín Macchiavelli.

El sarcasmo está dirigido a los presidentes de varias de las instituciones que han sido objeto de los requerimientos estatales, ya que de ellos “solo conocemos sus nombres en los cheques cada vez que hay que pagarles; y los nombres de los dirigentes sociales y políticos detrás de los cuales se han referenciado, que son pocos y curiosamente se repiten en varias de ellas”, afirmó la funcionaria.

Por tal razón, el siguiente paso es una auditoría general ejecutada desde el ministerio de Economía que conduce Marilina Jaramillo, a pedido del propio gobernador.

La ministra de Economía enfatizó que “el gobernador pidió un riguroso ordenamiento de las cooperativas para que presten servicios reales, sean representadas por personas reales y distribuyan, con salarios justos, los aportes que reciben desde el Estado. Y si de las 53 quedan 5, que esas 5 trabajen como corresponde y presten los servicios que se necesitan”.