Ante la primera ola de frío polar del año, algunas distribuidoras de gas empezaron a cortar el suministro "interrumpible" a más de 124 estaciones de servicio que comercializan Gas Natural Comprimido (GNC) para vehículos, por lo que se suspendió la venta a los usuarios en un centenar de localidades a lo largo del país, por ejemplo en La Plata y Mar del Plata.

El motivo es que el Gobierno decidió priorizar un ahorro fiscal en subsidios energéticos y también de dólares en importaciones de combustibles líquidos para el uso de las centrales eléctricas.

Hay dos definiciones oficiales que se conjugaron para esta situación. Por un lado, la búsqueda de maximizar el uso de gas natural barato (4,43 dólares por millón de BTU de producción local o US$ 12,90 el gas licuado -GNL- importado) en las usinas termoeléctricas para desplazar gasoil, fuel oil y carbón mineral, que cuestan más de US$ 23. Eso implicó un menor costo de corto plazo para el sistema energético y una reducción de las necesidades del Gobierno de aumentar las tarifas o destinar más subsidios.

Por otro lado, la decisión de la Secretaría de Energía fue colocar "a precio de mercado" -sin subsidios- las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) que hace la empresa pública Energía Argentina (Enarsa). Es decir, a 12,90 dólares por millón de BTU, correspondiente al costo de la compra en el exterior, el transporte y el proceso de regasificación.

Sin embargo, no garantizó a las distribuidoras que podrían recuperar ese valor cobrándolo en tarifas (pass through), ya que apenas trasladó mediante la resolución 41/2024 de Energía el costo del gas producido localmente en abril (US$ 2,89) para los hogares de altos ingresos -Nivel 1 de la segmentación- y los usuarios no domiciliarios.

Con la suspensión de los aumentos de tarifas en mayo para frenar la inflación, el ministro Luis Caputo ni siquiera convalidó lo decidido previamente por Eduardo Rodríguez Chirillo de incrementar el precio mayorista del gas a US$ 4,43 en el período mayo-septiembre.

Así, las empresas como Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas, Gasnor y Gas NEA dejaron desiertas las múltiples licitaciones en las que Enarsa intentó vender el gas importado a través del Mercado Electrónico de Gas (Megsa).

Aun así, las empresas toman ese gas de los gasoductos porque tienen que atender a su demanda prioritaria -hogares, comercios y pequeñas industrias- e incurren en desbalances económicos comerciales, que después deberán negociar con el Gobierno para corregirlos. Es decir, que les otorguen tarifas o subsidios.

En principio, en el sector aseguraban que durante el invierno no iba a faltar gas "físicamente"; o sea, que iba a haber suficientes moléculas de gas para todos los que tienen contratos de abastecimiento "firmes" (no interrumpibles). Pero el frío se anticipó y dejó en offside a la programación energética.

En las proyecciones semanales de transporte que publica el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) se observa que tanto Transportadora de Gas del Sur (TGS) como Transportadora de Gas del Norte (TGN) empiezan a tener presiones operativas por debajo de la mínima en sus gasoductos, lo cual anticipa que, de no cesar las bajas temperaturas o conseguir nuevo gas, el sector eléctrico deberá usar combustibles más caros o podrían empezar los cortes a las industrias.

Dos fuentes conocedoras del funcionamiento de la industria estimaron que faltan unos 6 millones de m3 diarios (MMm3/d) de gas para garantizar el funcionamiento pleno del sistema y no tener que hacer cortes a las estaciones de servicio de GNC con contratos interrumpibles. También se necesita que se termine la construcción de las plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner; la de Tratayén (Neuquén), al lado de Vaca Muerta, es la más próxima a su finalización y agregaría 5 MMm3/d.

Ya que su prioridad es el orden fiscal, los subsidios al sistema energético pueden obligar al Gobierno a tener que pasar más fuerte la motosierra y la licuadora por otras áreas. Hay quienes en el sector ya se preocupan por la decisión de parar las subas de tarifas y piensan que el ministro Luis Caputo se va a ver obligado en los próximos meses a tener que recortar los pagos, como ya hizo en el verano y derivó en la polémica por la entrega del bono AE38 con quita del 50% en lugar de efectivo.

NE