Si bien la atención sobre el dictamen del Senado de la Ley Bases se ha centrado en aspectos como el Impuesto a las Ganancias y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un punto no menor para el bolsillo de 4 millones de familias son los descuentos por Zona Patagónica y Zona Fría del gas, que finalmente fueron blindaron en el dictamen avalado.

El texto que llegó desde Diputados al Senado contemplaba en su artículo 5 la habilitación para que el Ejecutivo pueda modificar, reasignar o incluso eliminar fondos fiduciarios. El texto estaba pensado especialmente en los fondos fiduciarios que implican aportes del Estado, y que forman parte del paquete al cual el gobierno quiere pasarle la motosierra.

Sin embargo, al no detallar o delimitar el alcance de dicha facultad de cambios, también se habilitaba al gobierno nacional a modificar o eliminar incluso el fondo fiduciario del servicio de gas de Zona Patagónica y Zona Fría, a pesar de que no se trata de dinero del Estado, sino de un aporte que realizan los mismos usuarios todos los meses, para el cual se paga un 5,4% del valor de sus facturas para solventarlo.

Los indicios en torno a que este fondo del gas estaría en la mira del gobierno nacional son varios. En febrero el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, planteó durante el debate por las nuevas tarifas de gas y el futuro sistema de subsidios que los descuentos por «zonas frías» generaron un sobreconsumo, cargando especialmente la atención en el mayor consumo que se registra en las provincias patagónicas.

Pero sin dudas, la medida más llamativa en torno al interés de Nación en este fondo fiduciario es que el mismo gobierno nacional retuvo la totalidad de los fondos entre diciembre y abril, y no los giró a las empresas que debían recibir dicha compensación.

Esta irregularidad hizo que sean cerca de 10.000 millones de pesos lo que el Ejecutivo retuvo provenientes del fondo fiduciario de Zonas Frías, de los cuales sólo se regularizó una parte durante abril. Algo que para consultores del sector energético es una violación a las leyes, ya que dicho fondo no son recursos del Estado.

El dictamen que la semana pasada salió del Senado sobre la Ley Bases incorporó finalmente un apartado especial para quitar de la lista de fondos fiduciarios que podrán modificarse a los vinculados con la tarifa de gas.

En concreto, el dictamen precisa «queda excluido de las facultades de este artículo: el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley 25.565 y ampliado y modificado por Ley 27.637».

En el caso de la Ley 25.565/2002 se trata de un descuento del 50% en precio PIST del gas que forma parte de las facturas para un total de 900.000 usuarios residenciales de las provincias de la Patagonia, y las regiones de Malargüe (Mendoza) y La Puna, en un reconocimiento no solo a las bajas temperaturas que imperan, sino también a que son las zonas productoras de gas del país.

En tanto que la Ley 27.637/2021 fue una extensión polémica de la vieja ley de Zona Patagónica ya que no solo sumó 3,1 millones de usuarios, es decir más de tres veces la cantidad que tenía el viejo sistema, sino que abarcó a zonas climáticas que incluso se consideran templadas, como son las de Córdoba y Santa Fe.

En este caso, el descuento también se aplica solo a los usuarios residenciales y va del 30% en general al 50% en el caso de vulnerabilidad social, y al igual que el descuento del sector patagónico no se trata de un subsidio sino de un sistema de descuento solventado por los 9 millones de usuarios que tienen las redes de gas del país.

(Diario Rio Negro)

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