A lo largo del mes de junio y con una última presentación realizada esta semana, el Consejo Provincial de Educación (CPE) analizó diversos informes que son el resultado del trabajo de diferentes áreas.

Tras el estudio pormenorizado de estos informes tomó dos definiciones. Por un lado, activar los sumarios administrativos pertinentes hacia adentro de la cartera educativa.

Por el otro, dar intervención a la Fiscalía de Estado para que este organismo evalúe las medidas judiciales que considere pertinentes.

El lapso observado abarca distintos años de la gestión anterior, culminada el 10 de diciembre del año pasado con el cambio de autoridades del Poder Ejecutivo Provincial.

Los denominados “Fondos Nacionales”

Con fecha 4 y 12 de junio, el CPE realizó dos presentaciones en las que informó lo investigado respecto de media docena de programas, cuyas partidas presupuestarias son provenientes de los denominados Fondos Nacionales.

Estos fondos son partidas específicas de dinero que el Ministerio de Educación de la Nación envía año tras año a las provincias.

Desde la cartera educativa señalaron que las posibles inconsistencias en la rendición de estas partidas superarían los 100 millones de pesos.

La nueva presentación realizada esta semana

El otro tema que el Consejo Provincial de Educación puso bajo la lupa y llevó largos meses de trabajo es el referido a cuestiones de índole pedagógica y administrativa.

Por un lado, se encontraron cursos sin el respectivo plan de estudios aprobado. Por otra parte, se detectaron una serie de omisiones de trámites para gestionar la validez nacional de los títulos, tanto en carreras de educación secundaria (obligatoria) como así también de formación superior.

En el caso de los estudios superiores, se trata de carreras que se dictaron en institutos de educación superior que están bajo la órbita del propio CPE. Cabe señalar que la cartera educativa regularizó todos los trámites pertinentes a nivel nacional, dándole prioridad en carácter de urgente.

Con relación a esta nueva presentación, el Consejo requiere la intervención de Fiscalía de Estado para que evalúe las medidas judiciales a adoptar.

Ello, sin perjuicio de activar los sumarios administrativos que crea correspondientes hacia adentro del Consejo Provincial de Educación.