El economista de Comodoro Rivadavia y docentes de la UNPSJB, César Herrera, ofreció una perspectiva crítica sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) propuesto por el gobierno de Javier Milei.
Herrera advirtió que el régimen prioriza los beneficios económicos a corto plazo sobre el impacto ambiental y social, lo que podría poner en peligro las economías locales de las provincias patagónicas, conocidas por sus actividades extractivas como la minería, el petróleo y la pesca.
Herrera explicó que el RIGI ofrece amplias concesiones a las empresas extranjeras, incluyendo una reducción en el impuesto a las ganancias del 35% al 25%, la eliminación del IVA y otros impuestos como ingresos brutos, tasa estadística e impuesto país. Además, el régimen permite que las divisas no sean liquidadas en Argentina, sino en el extranjero, y garantiza 30 años de estabilidad fiscal para las empresas que se adhieran.
Esta política, según Herrera, incentivaría las explotaciones primarias sin generar un derrame económico significativo para las provincias. "La mano de obra especializada sigue viniendo de otros lugares como Perú y Chile, dejando a la provincia con pocos beneficios", señaló. A pesar de la reciente modificación en el Senado que exige un 20% de compra nacional, Herrera considera que esta medida es insuficiente y debería incrementarse al 50% para realmente impactar en la economía local.
El economista también subrayó que, bajo el RIGI, las empresas traerían la mayoría de sus insumos del extranjero, desde aerogeneradores hasta repuestos, lo que perjudicaría aún más a los proveedores locales. "El régimen no solo desestima el impacto ambiental y social, sino que también socava el desarrollo de la industria nacional", afirmó.
Además, destacó la falta de competitividad que enfrentarán los proveedores locales debido a las concesiones ofrecidas a las empresas extranjeras.
Herrera urgió a reconsiderar las implicaciones del RIGI, sugiriendo que, si bien la atracción de inversiones extranjeras es crucial, no debe hacerse a costa de las economías y comunidades locales. "Estamos permitiendo una extracción de recursos que podría dejar a las provincias con muy poco beneficio a largo plazo", concluyó.

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