El Poder Judicial de Santa Cruz emitió un informe mediante el cual difundió la estadística en materia de violencia en el ámbito del hogar. En este contexto exhortó a los demás poderes del Estado, tanto a nivel provincial como municipal, para que se desarrollen los abordajes en defensa de las victimas de forma conjunta. Manifestaron la necesidad de una intervención previa y posterior a la intervención jurídica, que cumpla con la reglamentación vigente, evite la "revictimización" y se desarrolle "de forma eficaz".

Los datos emitidos desde la Justicia corresponden a las denuncias recibidas por las Oficinas de Violencia Doméstica (OVD) de Caleta Olivia y Río Gallegos. Enfatiza el documento que es "obligación del Estado" intervenir de manera preventiva y disuasiva para eliminar la violencia de género em particular y la violencia doméstica en general.

De acuerdo al informe, entre los meses de marzo y mayo de este año, a la OVD de Río Gallegos asistieron 286 personas de forma voluntaria. 226 de ellas radicaron denuncias y las 60 restantes consultas informativas. De las personas denunciantes, 198 son afectadas directas y 28 en "calidad de terceros/as".

Por otra lado, en el mismo período, en la OVD de Caleta Olivia asistieron 191 personas. 85 de ellas realizaron denuncias, 93 consultas informativas y 13 derivadas a otras dependencias. De las 93 Consultas Informativas, 37 regresaron a realizar el trámite de denuncia y 7 fueron remitidas de oficio a las autoridades judiciales y extra judiciales competentes "pese a la negativa de la persona a denunciar, por considerar que la misma no puede dimensionar el riesgo al que se encuentra expuesta y/o existen niños/as/es y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad", indica. De las 85 personas que realizaron la denuncia al concurrir, 77 son afectadas de forma directa y 8 en calidad de terceras por hechos de violencia sufridos por otras personas.

CONSULTAS INFORMATIVAS

El documento expresa que uno de los motivos por los que en las OVD se elaboran actas denominadas "Consultas Informativas" es que "las personas que sufren violencia no se encuentran decididas al momento de concurrir" a la oficina.

Género de las personas denunciantes y denunciadas

En la OVD de Río Gallegos las personas afectadas son mujeres en un 79.29% (157 casos) y en un 20.71% son hombres que se acercan a la O.V.D. a radicar denuncia por Violencia Doméstica (41 casos). "Ésta variable arroja porcentajes similares a lo largo de los años desde la apertura de la O.V.D.", apunta el documento.

Entre las personas denunciadas, los hombres constituyen el 68.27% (170 casos), y las mujeres el 31.73% (79 casos).

En Caleta Olivia el 88.31% de las personas afectadas fueron mujeres que radicaron denuncias, y el 11.7%, hombres. En las personas denunciadas los hombres suman el 75.86% (66 casos), y las mujeres el 24.14% (21 casos).

VÍNCULO VÍCTIMA – AGRESOR/A

Respecto a la relación entre las personas afectadas y las denunciadas, de acuerdo a la estadística oficial, la mayoría se trata de exparejas (63.64% - 126 casos).

También analizan "desencadenantes de la violencia". Señalan que un 71.21% (141 casos) las personas que concurrieron a la Oficina manifestaron que "sintieron miedo más de lo habitual"; y en un 69.7% (138 casos) refirieron sentirse en "una situación límite". En tercer lugar, "encontramos la presencia de alcohol y las sustancias psicoactivas (28.28% - 56 casos)", destacan.

CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS DENUNCIADAS

El informe manifiesta algunas características comunes que vinculan al universo de las personas denunciadas. Sobre un total de 249 en el periodo bajo análisis, "destacamos a quienes son drogadependientes o usuarios/as de drogas (24.5% - 61 casos); en segundo lugar aquellas personas que se encuentran desocupadas (15.66% - 39 casos); en tercer lugar a quienes poseen una enfermedad (14.46% - 36 casos). Finalizando, en cuarto orden a quienes padecen alguna discapacidad (3.61% 9 casos).

TIPOS DE VIOLENCIA

En relación a los tipos de violencia que se ejerce sobre las víctimas, "la violencia psicológica o verbal continúa siendo el tipo de violencia que predomina en los casos atendidos, presenten en el 97.47% de las denuncias", dijeron.

En tanto, informaron acerca de efectos descritos por los denunciantes. "Se pueden mencionar como efectos actuales de los distintos tipos de violencia sobre las personas afectadas que en un 62.63% (124 casos) les ocasionó trastornos del sueño; en un 38.89% trastornos en la alimentación (77 casos); en un 4.04% las personas afectadas comenzaron a ingerir ansiolíticos ó antidepresivos (8 casos), también en 7 casos (3.54%) iniciaron el consumo de drogas y en 2 casos el consumo de alcohol (1.01%)", entre otros elementos mencionados.

GRUPO FAMILIAR

Finalmente, vale destacar que el informe estadístico trae a colación que la violencia doméstica no solo se ejerce de 1 a 1. "Es de mencionar que del total de situaciones denunciadas, en 77 casos (38.89%) el maltrato se extendió también al grupo familiar de la persona afectada; en 61 casos (30.81%) las personas afectadas recibieron amenazas de muerte por parte de la persona agresora; y 13 casos (6.57%) se caracterizaron por la presencia de armas blancas y de fuego", remarcaron, acotando que el 30.3% de los casos representan situaciones de "Alto riesgo".

"El presente informe se realiza a los fines de entender la importancia que tienen los datos estadísticos al momento de evaluar las políticas públicas que el Estado está obligado a adoptar con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. No es reiterativo decir que el abordaje en las violencias de género y en especial en la modalidad familiar debe realizarse de manera integral e interinstitucional; no es suficiente con la intervención de un solo poder del Estado, ya sea el Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial. Deben ser coordinadas dichas intervenciones entre los tres poderes porque las respuestas que se deben dar son diversas en una situación de violencia doméstica, evaluando cada una de las necesidades e interseccionalidades de la problemática y cuidando además de no incurrir en la sobre intervención de las instituciones, lo que generaría una revictimización para quienes sufren estas situaciones", sintetiza el documento.