Por consenso entre los legisladores y a través de encuentros mantenidos con integrantes del Poder Ejecutivo Provincial, obtuvo despacho favorable en la comisión de Legislación General el proyecto de Ley N° 15/24 de autoría del diputado Pedro Muñoz (CC-ARI), en el cual se amplió la superficie de la declaración de la Emergencia Hídrica de zona norte a la totalidad del territorio provincial y se extendió, además, la prórroga hasta el 31 de marzo del año 2025.

Dicha iniciativa exime del pago del servicio de agua potable de la factura de Servicios Públicos Sociedad del Estado, a todos los usuarios de las localidades donde se hubiese sufrido la falta del recurso por un período superior a 5 días consecutivos. Además, faculta al Ejecutivo provincial a celebrar convenios con la Nación, entes autárquicos, universidades, fundaciones, asociaciones civiles, organizaciones internacionales o cualquier otro ente técnico especializado, y realizar las gestiones y erogaciones necesarias en el marco de la declaración de emergencia. También le permite a la empresa estatal gestionar las contrataciones para la provisión de bienes, obras y servicios que las necesidades impongan, bajo los lineamientos de orden administrativo y los principios de transparencia y publicidad de los actos públicos.

Paralelamente, fue despachado el proyecto presentado por el diputado Piero Boffi (Por Santa Cruz) para crear el Plan Provincial de la Prevención de la Ludopatía en el ámbito educativo con el fin de prevenir, detectar, identificar, abordar integralmente y erradicar la "adicción patológica a los juegos electrónicos o de azar" en los estudiantes. Cabe destacar que entre los objetivos del mencionado proyecto de Ley N° 204/24, se busca sensibilizar en el ámbito educativo sobre qué es la ludopatía, abordar la problemática desde una perspectiva integral, brindar herramientas de identificación y abordaje al personal docente y no docente de las escuelas y promover el trabajo articulado junto con otras áreas, provinciales y municipales.

Por último, también de autoría de Boffi, obtuvo despacho favorable el proyecto de Ley N° 91/24 que incorpora el Artículo 15° Bis a la Ley N° 3.330 “Aranceles y Honorarios de Abogados y Procuradores”, estableciendo “que la regulación de honorarios deberá contener, bajo pena de nulidad, el monto expresado en moneda de curso legal y la cantidad de JUS que éste representa a la fecha de la resolución. El pago será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de JUS contenidas en la resolución regulatoria, según su valor vigente al momento del pago".

La iniciativa se fundamenta en que, en su actual redacción, la norma guarda silencio respecto a la actualización del JUS –unidad de honorarios profesionales de abogados y procuradores- cuando este ya ha sido regulado, y que ocasiona enormes injusticias para los profesionales de la provincia de Santa Cruz, quienes ven su crédito disminuido ante la falta de pago en tiempo y forma, en comparación a otros que litigan en el fuero Federal, por ejemplo.