La adhesión de Santa Cruz al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ha generado un reciente debate en la Legislatura provincial, en particular por las preocupaciones sobre su impacto en la autonomía provincial y la economía local.

Alejandro Shweitzer, investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), destacó en una charla con el periodista Marcelo Romero, los peligros que esta medida podría acarrear.

"El artículo 165 de la ley que se aprobó en la Cámara de Diputados establece que cualquier norma provincial, nacional o municipal que restrinja o limite lo establecido en el RIGI será declarada "absoluta e insanablemente nula", y la justicia deberá impedir su aplicación de inmediato", advirtió. Según el investigador, esto implica una pérdida significativa de la autonomía provincial, un principio protegido por la Constitución.

El contexto en el que se planteó esta iniciativa también fue motivo de crítica. Schweitzer explicó que junto a varios gremios estatales de Santa Cruz formaron un Frente en Defensa de los intereses provinciales y lograron participar en las sesiones de las comisiones de la semana pasada, a pesar de las trabas impuestas por el oficialismo: "Nos dividimos; algunos fuimos el lunes, otros el martes y el miércoles, para participar en las comisiones. No nos querían dejar entrar, conseguimos entrar; no querían dejarnos hablar, conseguimos hablar."
Una de las principales preocupaciones del investigador es la prioridad que se otorga a las empresas sobre las necesidades de la población local.

"Si se aprueba el RIGI, la empresa tendrá prioridad sobre los recursos energéticos, incluyendo el agua, por encima de las necesidades de la población. Esto es terrible, nadie va a defender esto, aunque intenten distraerse", advirtió Schweitzer.

La adhesión al RIGI en la Legislatura quedó trabada pero volverá a ser tratada en las próximas sesiones. Para Schweitzer, el régimen va en contra de la creación de empleo local y del crecimiento de la industria provincial.
"Las empresas que adhieran no pagarán impuestos durante los primeros años, podrán importar todo sin restricciones y, además, no estarán obligadas a abastecer el mercado local. Esto generará una competencia desleal y destruirá el empleo local", detalló el docente.

"Estamos comprometiendo el futuro de la provincia por 30 años. En 10 o 15 años tendremos que abandonar el uso de combustibles fósiles, y con esta adhesión, estaremos limitando a las generaciones futuras", sentenció.