Además, se documentaron 361 intentos de femicidio durante el mismo periodo, con un incremento del 10% en relación a los femicidios perpetrados en julio. La alarmante situación se ve agravada por la reciente implementación de recortes en el Programa Acompañar y la exigencia de una denuncia previa para acceder a asistencia, lo que intensifica la crisis de recursos en la lucha contra la violencia de género.

Un análisis de los datos muestra que solo el 14% de las víctimas de los 146 femicidios reportados en 2024 había realizado una denuncia previa, comparado con el 20% durante el mismo período de 2023. Desde el inicio del mandato presidencial de Javier Milei, se observó un retroceso en las políticas públicas orientadas a abordar estas cuestiones críticas, debilitando notablemente la institucionalidad relacionada con los derechos de género y afectando tanto el acceso a la información como los derechos fundamentales que deberían estar garantizados para mujeres y diversidades.

Victoria Aguirre, vocera nacional de Mumalá, expresó su preocupación, “es alarmante observar que solo el 14% de las víctimas había realizado denuncias previas antes del femicidio. Este dato pone en evidencia el desfinanciamiento de los programas y el desmantelamiento de las líneas de asesoramiento para la prevención y erradicación de las violencias por motivo de género”.

La situación no solo incluye los femicidios registrados, sino también 361 intentos de femicidio, 9 muertes violentas asociadas al género, 24 muertes violentas bajo investigación, 13 feminicidios por narcotráfico o crimen organizado, y 6 suicidios feminicidas. Estos hechos han dejado a 135 niños y niñas sin sus madres, reflejando la devastadora consecuencia social de la falta de medidas efectivas para proteger a las víctimas de violencia de género.

Vanina Medina, referente de Mumalá, dialogó con El Caletense Radio sobre estas cifras, señalando “la tasa de femicidios viene en crecimiento en comparación a otros años; particularmente en Santa Cruz se duplica la media nacional. También es importante resaltar que este índice bajó respecto al año pasado en cuanto a víctimas que habían realizado denuncias previas por violencia, lo cual nos habla de lo difícil que es acceder a este derecho para las mujeres víctimas de violencia de género. Es fundamental la capacitación para todo el personal estatal, ya que los procesos para las mujeres son muy difíciles, incluyendo el llegar a denunciar a su agresor”.

Acá la nota completa



Frente a este escenario, los especialistas y activistas enfatizan la necesidad urgente de que el gobierno nacional reconsidere su decisión política respecto al desfinanciamiento o eliminación de políticas públicas destinadas a fortalecer los derechos de las mujeres y diversidades, y garantice la implementación efectiva de la ley 26.485, sancionada en 2009, así como los compromisos internacionales del Estado argentino.