La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) ha convocado a un paro de 48 horas para los días miércoles 16 y jueves 17 de octubre, en protesta por la falta de oferta salarial del gobierno provincial y la ausencia de respuestas a sus reclamos. La decisión fue tomada en el Congreso extraordinario de la asociación, tras la última reunión paritaria, donde no se cumplieron las demandas del sector.

Durante la reunión del 9 de octubre, los representantes del gobierno, incluidos la titular del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, y el subsecretario de Finanzas, Ezequiel Verbes, decidieron posponer cualquier propuesta salarial a la espera del índice de inflación. Al día siguiente, el INDEC anunció un incremento del IPC del 3,5% a nivel nacional y del 3,7% en la Patagonia.

Entre las principales exigencias de ADOSAC se encuentra la necesidad de una recomposición salarial que permita a los docentes superar la línea de pobreza, alineándose con los costos de la canasta básica total en la región. Asimismo, solicitan la implementación de una cláusula gatillo que ajuste automáticamente los salarios de acuerdo con la inflación, ante la creciente pérdida del poder adquisitivo. Según datos del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Canasta Básica Total en agosto de 2024 alcanzó los $1.160.97 en Río Gallegos y $1.159.298 en Caleta Olivia.

Además, ADOSAC exige la devolución de los salarios descontados a jubilados por el impuesto a las ganancias y critica las modificaciones en el vademécum de la Caja de Servicios Sociales, que han restringido el acceso a tratamientos médicos, incluyendo oncológicos. La infraestructura escolar también es un tema de preocupación, ya que la asociación denuncia problemas graves en calefacción, electricidad, suministro de agua y sistemas cloacales en los establecimientos educativos. Piden un plan de inversión inmediato y la regularización administrativa de docentes, especialmente en el Colegio Industrial N°7 de La Heras.

En su defensa de la educación pública, ADOSAC se opone al veto de la Ley de Financiamiento Universitario, considerándola perjudicial para las universidades nacionales. También han exigido justicia por Facundo Díaz y la aparición con vida de Marcela López, y han pedido la disolución del juicio contra varios docentes. Finalmente, la organización hace hincapié en la necesidad de crear cargos para mejorar la calidad educativa y en la regularización del suministro de insumos y fondos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento administrativo de las instituciones educativas.