El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz resolvió hacer lugar a una medida cautelar solicitada por tres vocales del Tribunal de Cuentas, suspendiendo la aplicación de varios artículos de la Ley Nº 3866, recientemente modificada por la Legislatura provincial.

La reforma aprobada por la Legislatura tenía como objetivo erradicar los cargos vitalicios y eliminar privilegios en las instituciones públicas, en línea con los principios establecidos en la Constitución provincial. Sin embargo, las vocales Romina Gaitán, Karina Saúl, y Matilde Morales presentaron una acción de inconstitucionalidad y solicitaron una medida cautelar, argumentando que la norma afectaba su continuidad en el cargo. La Justicia hizo lugar a la cautelar, dejando en suspenso la aplicación de la nueva ley mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Según el edicto emitido por el Tribunal Superior de Justicia, la resolución ordena suspender los artículos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º de la Ley N.º 3866 durante el trámite de la causa.

La vinculación política y la trayectoria pública de las vocales involucradas ha generado cuestionamientos en distintos sectores. Romina Gaitán conyuge del vocal del Tribunal Superior de Justicia Fernando Basanta, fuertemente cuestionado al ser designado por Alicia Kirchner por no reunir los requisitos exigidos por la Constitución Provincial para el cargo. Matilde Morales, con una extensa trayectoria en la administración pública durante el Kirchnerismo y Karina Saul esposa del ex presidente de YPF Pablo Gonzalez permanente aspirante a gobernador de la provincia.

La decisión del Tribunal ha generado controversia, deteniendo una reforma que buscaba limitar la permanencia indefinida en los cargos y fomentar la transparencia en la gestión pública. La Legislatura fundamentó la modificación en la necesidad de adecuar la normativa a los valores republicanos, eliminando privilegios que afectan la igualdad ante la ley y el funcionamiento del sistema democrático.

Por ahora, los vocales del Tribunal de Cuentas conservarán sus beneficios y el mismo salario que los miembros del Tribunal Superior de Justicia hasta que el proceso judicial se resuelva en forma definitiva. Sin embargo, diversos sectores han expresado preocupación por el impacto que esta decisión tiene en el balance constitucional, la división de poderes y el sistema democrático.

El fallo, que destaca por su trascendencia institucional, fue firmado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Dr. Daniel Mauricio Mariani, y los vocales Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, Dr. Carlos Enrique Arenillas (vocal subrogante), junto con la secretaria Dra. Marcela Silvia Ramos.