Existen muchos mitos y prejuicios en torno al proyecto de Ley N°289/24 para la adhesión de la provincia de Santa Cruz al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que fueron instalados por ciertos actores que responden a un sector de la política que busca obstaculizar cualquier iniciativa que pueda traducirse en un beneficio directo para los santacruceños. Por este motivo y teniendo en cuenta su próximo tratamiento en la Legislatura Provincial, a continuación se explica -punto por punto- el proyecto original y los beneficios que implica la aplicación del RIGI en Santa Cruz.

En primer lugar, es primordial aclarar que el RIGI es una Ley Nacional que fue aprobada en el Congreso, a la que ya ocho provincias adhirieron. Este régimen busca atraer inversiones de capital de más de 200 millones de dólares. De esta forma, ofrece una serie de beneficios fiscales, contables y económicos a las empresas que fomentan la inversión y el desembarco de proyectos de gran envergadura, promoviendo así el desarrollo regional, a partir de la producción y la creación de nuevos puestos de trabajo genuino en el sector privado, por fuera de la órbita estatal que hoy en día constituye la principal fuente de empleo en Santa Cruz.

Dentro de los beneficios impositivos que ofrece el RIGI, se destaca la reducción en el impuesto a las ganancias del 35% al 25%, lo cual posiciona a Santa Cruz en un nivel de competitividad mayor con respecto al resto de las provincias de la región patagónica, como así también beneficios contables referidos al IVA y un régimen especial de amortización. Es decir, Santa Cruz se convertiría en una alternativa más atractiva a nivel país en materia de inversión y desarrollo.

El RIGI también disminuye el riesgo país y el riesgo provincia ya que establece condiciones claras para las empresas interesadas en invertir, que garantizan estabilidad y protección durante los próximos 30 años, en base a la duración promedio de los ciclos extractivos de petróleo, gas y minerales. De esta forma, disipa la desconfianza de las empresas ante la posibilidad de que un nuevo gobierno intente cambiar las reglas del juego y ponga en riesgo la rentabilidad de esas inversiones. Asimismo, establece un plazo máximo de dos años para que las empresas interesadas puedan presentar sus respectivos proyectos y comenzar a invertir en la provincia.

Por otra parte, estas grandes empresas que desembarcarían en Santa Cruz podrían aprovechar y explotar los remanentes de los yacimientos maduros que cumplieron su ciclo de vida útil y actualmente se encuentran en proceso de cierre; lo que implicaría más regalías e ingresos propios que representan el principal sostén económico de nuestra provincia, que hoy se ve notablemente perjudicada tras la partida de empresas tales como YPF, entre otras, y por políticas nacionales que afectan la recaudación.

En cuanto al pasivo ambiental, resulta imperioso aclarar que el RIGI no tiene ninguna cláusula con respecto a este tema puntual. Por lo tanto, cualquier proyecto enmarcado en esta Ley si o si deberá respetar y atenerse a la legislación y normativa vigente en Santa Cruz en materia medioambiental. Asimismo, se priorizará la contratación de mano de obra local, lo cual se traduce en más fuentes de empleo directo e indirecto a través de PyMes locales que intervienen en estos emprendimientos a través de productos y servicios tales como proveedores, transporte, etcétera.

De acuerdo a lo expresado por el Presidente de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, en consonancia con lo expuesto por el Subsecretario de Industria, Matías Cortijo, el RIGI constituye una oportunidad única para el crecimiento y el progreso de nuestra provincia; pero sin la adhesión al mismo, Santa Cruz quedaría afuera de todos los proyectos contemplados para el año 2025.