Dos expertos consultados por Sputnik atribuyeron la crisis "a la falta de inversión" en mantenimiento y generación y el poco control a las empresas concesionadas.

Dos apagones masivos ocurridos con pocas horas de diferencia dejaron, en la mañana y tarde del miércoles 5 de marzo, a más de 600.000 hogares sin electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), justo cuando la temperatura superaba ampliamente los 30 grados.

Ambos incidentes, que según la empresa distribuidora Edesur se produjeron por la falla en dos líneas de tensión, dejaron fuera de servicio la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires, los semáforos en varios cruces importantes de la urbe y hasta hicieron caer el servicio eléctrico de la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino.

Pero no son los primeros apagones masivos durante el verano. Enero y febrero habían registrado, a la par de aumentos del consumo como consecuencia de olas de calor, apagones masivos importantes en las ciudades de Córdoba y Rosario y en varias provincias del norte argentino como Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones.

Solorza advierte desde hace meses sobre una posible "tragedia energética a nivel nacional" como consecuencia de la decisión del Gobierno de Javier Milei de suspender gran parte de la obra pública, fundamental no solo para el mantenimiento de las redes eléctricas sino también para aportar nueva capacidad de generación al sistema.

En ese sentido, cuestionó que el Gobierno argentino haya dejado sin efecto el programa Terconf (Contratos de Abastecimiento de Confiabilidad de Generación Térmica), que preveía la construcción de 29 centrales termoeléctricas con el objetivo de incrementar la generación en 3.340 megavatios, equivalente al 10% del total generado en el país.
También en diálogo con Sputnik, el director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, Nicolás Malinovsky, coincidió en que la rotura de dos líneas de alta tensión paralelas de la empresa Edesur "evidencia la falta de mantenimiento del sistema eléctrico argentino, sobre todo en los segmentos de distribución y transmisión, donde no hay planes de infraestructura acorde a las altas demandas".


El experto, magíster en Gestión de la Energía, recordó que el Gobierno suspendió el proyecto AMBA 1, que permitiría construir más de 500 kilómetros de cables de alta y extra alta tensión para mejorar la distribución de energía eléctrica a la zona metropolitana de Buenos Aires. El proyecto insumiría una inversión de 1.100 millones de dólares y estaría a cargo de la empresa china CET, pero la gestión de Milei decidió darle de baja.

Solorza, en tanto, recordó que algunos "parches" que la actual gestión intentó colocar para evitar apagones masivos también quedaron por el camino, como la contratación de barcazas para generar electricidad a partir de gas natural o hasta la contratación de "baterías gigantes" para almacenar energía y utilizarla en momentos de alta demanda.
Solorza y Malinovsky coincidieron en que la crisis energética continuará profundizándose en la medida en que no lleguen más inversiones. "No veo que el Gobierno Nacional tenga una política para mejorar esta situación sino que lo deja librado a lo que decidan las empresas", apuntó Malinovsky.

Edesur, la empresa en la mira

La Ciudad de Buenos Aires y su zona metropolitana dividen el suministro de electricidad en dos empresas: Edenor, para los barrios del norte de la ciudad y sus alrededores, y Edesur, para la zona sur de la capital argentina y los municipios adyacentes. A ambas empresas, el Estado argentino les otorgó en 1992 una concesión para el suministro eléctrico por un plazo de 95 años, que recién vencerá en 2087.

Dado que las líneas de alta tensión que fallaron se encuentran hacia el sur de Buenos Aires, el Gobierno argentino buscó responsabilizar a Edesur, propiedad de la compañía italiana Enel. Mientras intentan proteger a la secretaria de Energía, María Tettamanti, en la administración Milei deslizaron a medios argentinos la posibilidad de aplicar sanciones a la compañía.

Para Malinovsky, ni Edesur ni Edenor están cumpliendo con "las inversiones acordadas", incluso a pesar de que el Gobierno Nacional accedió a los aumentos tarifarios solicitados por la firma. De hecho, el experto señaló que las tarifas de energía aumentaron un 400% desde la llegada de Milei al poder, pero esos incrementos "no se han traducido en inversiones".

Malinovsky reconoció que, producto del ajuste fiscal establecido por Milei, el Gobierno argentino está lejos de contar con un Ente Regulador de la Electricidad (ENRE) lo suficientemente "robusto" para fiscalizar de manera eficiente, permitiendo que el Estado poco a poco "pierda el control" que le queda de la gestión energética.

Así las cosas, Solorza consideró que Argentina debería "analizar seriamente la desprivatización" del servicio eléctrico, entendiendo que las empresas privadas concesionadas por el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999) "no han cumplido con los objetivos fijados por ley" y en la actualidad están lejos de ser más eficientes que si lo hubiera hecho el Estado.

Para Malinovsky, la posibilidad de cambiar de empresas podría chocar con "una variable geopolítica": la buena relación del Gobierno argentino con la gestión de la primera ministra italiana Georgia Meloni. El experto recordó que Milei ya hizo gestiones ante el Gobierno italiano cuando Edesur anunció la posibilidad de irse del país y Roma podría no ver con buenos ojos un intento del Gobierno argentino por quitarle la concesión.

En el sentido opuesto, Malinovsky consideró que el Gobierno de Milei podría intentar "utilizar" esta crisis energética para promover la privatización de otras empresas públicas del sector energético como Enarsa —encargada del sector petrolero y gasífero—, la empresa estatal de energía nuclear Nucleoeléctrica o incluso la petrolera YPF.

Fuente: noticiaslatam.lat