Con las últimas cuatro concesiones otorgadas por el Gobierno de Neuquén a YPF, suman 51 las CENCH, el acrónimo de Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos. Este modelo viene ejecutándose en la provincia cabecera de Vaca Muerta desde los cambios a la Ley Nacional de Hidrocarburos en 2014 y que permite una mejor performance de los operadores con sus inversiones y objetivos en estos bloques, la mayoría son de los más productivos de Argentina.

La Angostura Sur I y II, Narambuena y Aguada de la Arena fueron otorgadas formalmente en marzo a YPF, siendo este paquete de áreas las primeras CENCHs gestionadas por el gobierno de Rolando Figueroa. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dijo que estos bloques serán clave para incrementar la producción de petróleo con foco en la exportación.

La última CENCH que se había firmado fue la de Rincón de Aranda, operada por Pampa Energía, en agosto de 2023 durante el mandato de Omar Gutiérrez. La espera de Figueroa estuvo asociada a la Ley Bases de Javier Milei y, en especial, en la reglamentación del aparatado sobre la industria hidrocarburífera.

La empresa con más CENCH en Neuquén es YPF con 14, le sigue Pluspetrol que luego del acuerdo con Exxon pasó a controlar ocho áreas, le sigue Pan American Energy con seis; después Tecpetrol y Vista coinciden en tener 5 áreas cada una. Shell cuenta con cuatro áreas, Pampa Energía con tres y finalmente con sólo una bajo su control están Chevron, Capex y Phoenix Global Resources.

Las CENCH surgieron como un mecanismo clave para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta generando un régimen de estabilidad fiscal. Su origen se remonta al Decreto 929/2013 con el puntapié lo dio YPF con Chevron en Loma Campana, el principal proyecto de shale oil del país. Las concesiones de este tipo son de 25 años con la posibilidad de una prórroga de 10 años si se cumplen los objetivos acordados y persiste el interés de los inversores.

El también conocido "Decreto Chevron estableció incentivos como la libre disponibilidad de divisas y la exportación sin retenciones para proyectos con inversiones mínimas de 1000 millones de dólares -algo que el gobierno de Javier Milei prometió cumplir en plenitud luego de varias idas y vueltas en esta última década-.