El proyecto, que había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados en 2022 pero perdió estado parlamentario al no ser tratado en el Senado, propone la conformación de una base de datos unificada y de acceso público dentro del ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación.

“El objetivo del proyecto es la creación de un registro unificado a nivel nacional que permita centralizar la información, evitando que los deudores eludan sus responsabilidades cambiando de provincia o haciendo uso de vacíos administrativos”, explicó la diputada.

Medidas concretas para evitar el incumplimiento
Entre las principales disposiciones del proyecto, se establece que los deudores inscriptos en el ReNDAM enfrentarán restricciones para realizar trámites esenciales como la renovación de la licencia de conducir, la apertura de cuentas bancarias, la obtención de pasaporte o la inscripción como proveedores del Estado. Además, se les prohibirá el ingreso a espectáculos deportivos y juegos de azar, una medida que ya ha sido aplicada en otros países con buenos resultados.

“Con este proyecto, se vinculará la infracción del progenitor con trámites esenciales como la obtención de licencias, habilitaciones comerciales o inscripción en organismos públicos. De esta manera, se fortalecerá el cumplimiento de las obligaciones alimentarias mediante medidas de coacción efectiva y progresiva”, sostuvo la legisladora.

Un problema estructural en Argentina
El incumplimiento de las obligaciones alimentarias es una problemática recurrente en Argentina. Según diversas estimaciones, más del 60% de los progenitores que deben pagar cuota alimentaria no cumplen en tiempo y forma. En muchos casos, esta situación se traduce en dificultades económicas severas para los hogares monoparentales, mayormente encabezados por mujeres.

Roxana Reyes destacó que “el proyecto busca garantizar que los progenitores cumplan con sus obligaciones alimentarias y que no exista una dispersión de registros en el país” ya que actualmente hay registros de esta naturaleza en algunas provincias. En este sentido, la diputada insistió en la necesidad de una herramienta legislativa que permita unificar la información de todas las jurisdicciones y cerrar las brechas que permiten que los deudores escapen de sus responsabilidades.

“La cuota alimentaria no es una decisión de los padres, es un derecho del niño”, enfatizó Roxana Reyes, remarcando el compromiso del Estado en garantizar estos derechos.

El proyecto cuenta con el respaldo de un grupo de diputados de Juntos por el Cambio, entre ellos Fabio Quetglas, Soledad Carrizo, Lisandro Nieri, Gabriela Brouwer de Koning, Pamela Verasay, Gerardo Cipolini, Julio Cobos, Ana Clara Romero, Alida Ferreyra, María Sotolano y Marcela Campagnoli.

Un modelo que ya funciona en otros países
Roxana Reyes recordó que experiencias similares han sido exitosas en países como México, Uruguay y Paraguay, donde los registros nacionales de deudores alimentarios han contribuido a reducir significativamente los niveles de incumplimiento.

“La creación del ReNDAM no solo es un avance en la protección de los derechos de la infancia, sino que también es un paso fundamental hacia una sociedad más justa y equitativa, donde el bienestar de los niños y niñas no dependa de la voluntad de quien debe cumplir con su responsabilidad”, concluyó la legisladora.

El debate sobre la implementación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos promete ser un eje central en la agenda legislativa de este año, y su aprobación definitiva dependerá del consenso que logre reunir en ambas cámaras del Congreso.