La causa judicial por la presunta estafa a Isabel “Pocha” Flores, quien habría sido víctima de su hijo José Avellaneda, avanza con nuevas medidas adoptadas por la justicia. El abogado Daniel Aybar, apoderado de Daniel Avellaneda, el otro hijo de la mujer, habló en el programa Mas de lo Mismo, de El Caletense Radio, y señaló que se comenzará a citar a quienes participaron en la venta de la vivienda.

“Se han tomado medidas y ya se están citando a testigos, se está ordenando a los bancos y a las casas de préstamos donde se habrían sacado los diversos préstamos personales para el señor José Avellaneda, que van a tener que en un plazo perentorio informar al juzgado”. Esto podría estar vinculado a la transacción fraudulenta de la vivienda.

Aybar explicó que la vivienda fue vendida a un conocido abogado de la ciudad, quien posteriormente la vendió a un precio superior. De este acto habrían participado varios profesionales del fuero local que podrían ser convocados por la justicia. Sin embargo, evitó dar nombres ya que uno de los abogados involucrados solicitó una restricción de difusión de la causa, aunque esta fue denegada por el juez al considerar que no existía prueba suficiente, dado que no había sido mencionado.

Por otra parte, señaló que, “a este abogado, que está luchando por quedarse con la casa de “Pocha”, lamentablemente tengo que decir que hay un colega que no le importa que una señora de 87 años pierda su vivienda ilegítimamente sino que le importa más privilegiar su negocio particular con el tercero que le compró, a los fines de no perder dinero, la justicia penal le ha rechazado constituirse en querellante particular, eso significa que la justicia considera que no es víctima del delito de José Avellaneda”.

Aybar enfatizó que la sesión de derechos sobre la vivienda ubicada en pleno centro de la ciudad, es considerada totalmente fraudulenta ya que se realizó por una suma irrisoria en comparación con su valor real. “Es una casa que se vendió y dos autos y un plazo fijo por la módica suma de 10 millones de pesos. Es una cifra absurda”, afirmó y acotó que se habría revendido por más de 60 millones de pesos.

En este marco, solicitó que los compradores se presenten ante la justicia y exhiban los documentos que acreditan la transferencia del inmueble, “porque lo que único que hay es la transferencia que está redargüida de falsedad”, expresó.

Finalmente, adelantó que podría presentar una denuncia ante el Colegio de Abogados de la provincia por falta de ética profesional de quienes intentan privilegiar el rédito económico ante un hecho delictivo de este tipo. “Es un acto bastante miserable defender y pretender en la justicia que la gente no sepa quién son las personas y que pidan bozales legales y que además después pretendan quedarse con la casa y hacer un negocio inmobiliario”, concluyó.