El presidente de Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Marcelo Soloaga, se comprometió a impulsar desde su ámbito de gestión la puesta en vigencia de un programa que contemple el resarcimiento laboral y social para miles de trabajadores que estuvieron relacionados directa e indirectamente con la industria petrolera y perdieron sus empleos durante el proceso de destrucción de las economías regionales que llevó adelante el gobierno nacional de Mauricio Macri.

Soloaga fue el autor del proyecto de Ley de Emergencia Petrolera que aprobó la Legislatura de Santa Cruz a mediados de 2017, la cual logró frenar la escalada de despidos, pero miles de puestos laborales aún no han podido ser recuperados

Por ello, al asumir su segundo periodo de mandato como jefe comunal, el 13 de diciembre, instó públicamente a la creación de un Pacto Social entre referentes de gremios, operadoras de yacimientos, empresas contratistas, autoridades gubernamentales y otros actores de la sociedad, a fin de revertir la irresuelta problemática, teniendo en cuenta que los tiempos políticos del país dieron un nuevo giro con la asunción de Alberto y Cristina Fernández en la presidencia y vicepresidencia de la Nación.

En tal sentido sostuvo que “así como promovimos firmemente la Emergencia Petrolera para terminar con los salvajes despidos que provocó la política económica de Macri y la actitud bestial de las compañías petroleras que cercenaron inversiones, ahora impulsamos el resarcimiento social laboral para que vuelvan al trabajo los miles de despedidos en el petróleo, pero además exigimos que se garantice la sustentabilidad económica territorial y el resguardo de nuestro recurso estratégico”.

Al mismo tiempo dejó sentado que, junto a su equipo de gestión “seguimos más firmes que nunca con la consigna que levantamos sustentada en una frase del recordado pensador, escritor y político Arturo Jauretche la cual adaptamos a nuestra realidad y circunstancia regional cuando decimos que: “o es para todos el petróleo o es para nadie la ganancia”, en un claro mensaje a las multinacionales que dominan el negocio de los hidrocarburos.

Finamente resaltó que los funcionarios que asumieron o renovaron altas responsabilidades en instituciones públicas tienen la obligación de generar políticas que conlleven a la transformación, desarrollo y felicidad de los pueblos que representan.