En el marco de una preocupación por los casos de mordeduras de perros en Caleta Olivia, el subsecretario de Gestión Ambiental y Zoonosis, David Acosta, propuso elevar los montos de las multas, equiparándolos a las sanciones que se aplican por conducir bajo los efectos del alcohol.

La medida busca generar mayor responsabilidad entre los dueños de canes y prevenir situaciones de riesgo en la vía pública. Sin embargo, desde el sector proteccionista expresaron fuertes críticas respecto a cómo se están llevando adelante las decisiones en materia de control animal.

María Inés Mayorga, referente de la organización Patitas de Vida, dialogó con El Caletense y expresó su disconformidad con la forma en que se involucra a las asociaciones protectoras, “en primer lugar, es importante que nos inviten a los protectores de animales, porque no nos hacen parte de las decisiones. Lo malo es que nos invitan de manera formal para participar, pero no toman nuestras sugerencias e ideas. Creen que cada uno que llega tiene ideas geniales y, en realidad, es más de lo mismo. Pasan las gestiones y nunca se termina el tema”, aseguró.

Mayorga agregó que el juez de faltas les informó que, si bien la modificación de ordenanzas llevará tiempo, es un proceso necesario. Como primer paso, sostuvo que es fundamental realizar un rastrillaje para conocer cuántos perros hay realmente en la ciudad.

Desde los sectores proteccionistas reclaman políticas integrales y sostenidas que vayan más allá de las sanciones económicas, incluyendo campañas de esterilización masiva, concientización comunitaria y mayor presencia del Estado en el territorio.

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