La diputada nacional Roxana Reyes, una de las voces más firmes en la denuncia del entramado de corrupción en Santa Cruz, fue tajante: “Vamos a trabajar para que se recupere hasta el último peso”.

Con la resolución del máximo tribunal, quedó firme la sentencia que condena a la expresidenta y a otros ocho exfuncionarios y empresarios vinculados al Grupo Austral por el direccionamiento y sobreprecios en obras viales. Pero más allá de las penas de prisión, el fallo habilita un paso fundamental: la ejecución de un decomiso de 84.835.227.378 pesos, una cifra que equivale a unos 75 millones de dólares al tipo de cambio oficial vigente, para resarcir el daño económico ocasionado.

“La condena es el capítulo uno. Ahora hay que recuperar el dinero robado a los argentinos, que no es otra cosa que recuperar el futuro”, sostuvo Roxana Reyes. Y agregó: “Es dinero que debería haberse usado para construir escuelas, para equipar hospitales, para mejorar nuestras rutas, para garantizar la seguridad en nuestros barrios. Es el futuro que nos quitaron. Y tenemos que pelear para que vuelva a nosotros”.

Un saqueo sistemático

Durante años, la provincia de Santa Cruz fue el epicentro de un modelo corrupto de gestión de la obra pública. Según la Justicia, entre 2003 y 2015 se desviaron millones mediante licitaciones arregladas y obras inconclusas. Ese esquema —con Lázaro Báez como principal beneficiario y funcionarios nacionales como ejecutores— no solo dañó las finanzas públicas, sino que postergó el desarrollo de toda una región.

Para Roxana Reyes, el daño trasciende lo económico: es una traición a la confianza pública y al futuro de los santacruceños. “Este no es solo un proceso legal; es un acto de reparación y un mensaje claro: en Argentina, la impunidad no puede ser la norma”, afirmó.

Desde su banca en el Congreso, la diputada ha impulsado proyectos para reforzar el control sobre la obra pública, garantizar transparencia y asegurar la devolución del dinero malversado. “Un país confiable requiere seguridad jurídica. No podemos permitir que quienes vaciaron las arcas del Estado vivan en la impunidad mientras miles de argentinos carecen de servicios básicos, como agua potable, calefacción o rutas seguras para viajar. Por eso vamos a seguir empujando, fiscalizando y trabajando sin descanso para que lo que nos pertenece vuelva a nosotros”.

Con la condena firme y el decomiso establecido, ahora se activa la etapa de ejecución. El Estado deberá identificar bienes, cuentas y activos de los condenados para ejecutar embargos y subastas que permitan recuperar el dinero. Roxana Reyes además pidió medidas firmes para evitar maniobras de insolvencia fraudulenta y desvió de fondos.

Críticas a Grasso por su apoyo a quien fue condenada por corrupción contra los argentinos.

La diputada también cuestionó duramente al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, por sus declaraciones en defensa de la expresidenta condenada.

“La defensa de Grasso y sus actos demuestran que es parte del esquema que se montó para saquear el Estado. No defiende a una dirigente política, defiende a una delincuente condenada por robarle al pueblo argentino”, sostuvo Roxana Reyes.

Lamentó además que el jefe comunal haya convocado a “organizarse” en apoyo a Cristina tras el fallo de la Corte: “Es increíble que un representante político de esta tierra insista en apoyar a quienes usaron el poder del Estado para enriquecerse a costa del sufrimiento de los santacruceños. Que el intendente llame a organizarse en contra de la detención de Cristina lo deja del lado de la corrupción y de la búsqueda de impunidad.

“No me sorprende del kirchnerista Grasso, que hoy termina de sacarse la careta. Él también fue beneficiado con el manejo de fondos del IDUV, de los cuales no rindió cuentas y manejó sin control en perjuicio de todos los santacruceños que hoy ven sus escuelas destruidas y la falta de infraestructura hospitalaria. Está claro de qué lado está y a quién defiende.”

“Vamos a recuperar lo robado en cada rincón de Santa Cruz”
La diputada Roxana Reyes destacó que además de la causa Vialidad, hay que investigar y recuperar todo lo que se robaron en las escuelas, hospitales y proyectos de desarrollo de Santa Cruz.

“Mientras algunos se enriquecían, los chicos estudiaban en aulas destruidas, pasaron años sin generar obras importantes para el beneficio de los santacruceños y las oportunidades se perdían.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Porque recuperar lo robado es una deuda ética y moral que debe saldarse”, finalizó.