La diputada nacional Roxana Reyes expresó fuertes cuestionamientos al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, tras el anuncio de un desembolso de $60 millones destinados a 24 escuelas de la ciudad. Según Reyes, se trata de una maniobra de "marketing político" sin sustento legal ni institucional, que busca capitalizar políticamente una crisis que —según denunció— el propio Grasso ayudó a generar.

“Grasso, el que le cortó las piernas a la educación de Santa Cruz, ahora pretende alcanzarle muletas. ¡Basta de hipocresía y cinismo!”, afirmó la legisladora, en alusión a su rol en la gestión del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) y la Unidad Ejecutora Provincial de Obras (UEPA) durante el gobierno de Alicia Kirchner, donde —según Reyes— se habrían desatendido obras esenciales para el mantenimiento escolar.

Reyes recordó denuncias pasadas por presunto desvío de fondos públicos en esas áreas, incluyendo recursos destinados a infraestructura educativa. Citó como antecedente la denuncia presentada por el entonces vocal del Tribunal de Cuentas, Javier Stoessel, respecto al uso irregular de partidas presupuestarias.

Falta de legalidad y transparencia

Además de las críticas políticas, la diputada advirtió sobre posibles irregularidades administrativas en el anuncio del intendente. Señaló que la asignación de fondos a instituciones educativas no forma parte de las competencias municipales y que no existe, hasta el momento, aprobación del Concejo Deliberante ni respaldo normativo que permita reasignar esos recursos.

“¿Dónde está el convenio que autoriza esta transferencia? ¿Cuál es la normativa que respalda esta decisión? ¿Quién controla el destino del dinero? Nadie lo sabe”, manifestó Reyes, remarcando la ausencia de criterios claros para la selección de las escuelas beneficiadas ni informes técnicos que sustenten el reparto anunciado.

Asimismo, alertó sobre el riesgo que corren los equipos directivos al aceptar fondos cuya asignación no está debidamente regulada, lo que podría acarrear consecuencias legales o administrativas para los responsables de cada institución.

“Es inaceptable que se juegue con la desesperación de las escuelas para obtener rédito político. Esto puede derivar en sanciones para los directivos que, de buena fe, intentan mejorar la situación edilicia”, afirmó la legisladora.

Un llamado a la institucionalidad

Finalmente, Reyes criticó el uso de recursos públicos con fines propagandísticos y sostuvo que los problemas estructurales del sistema educativo santacruceño requieren soluciones de fondo.

“No se sale del colapso educativo con marketing o discrecionalidad. Se sale con planificación, institucionalidad y transparencia. Y sobre todo, dejando de utilizar la educación como un sucio botín político”, concluyó Reyes, haciendo un llamado al intendente Grasso a asumir su responsabilidad como funcionario con mandato vigente.