El reclamo se refiere al incumplimiento en la transferencia de aportes jubilatorios retenidos a los trabajadores municipales, que no fueron girados al organismo como exige la ley.

La situación se originó luego de que la Municipalidad interpusiera un recurso judicial para evitar que la Caja pudiera retener, a través de los fondos de coparticipación, los montos adeudados en concepto de aportes personales y patronales. La Justicia hizo lugar a esa medida cautelar y ahora, la CPS pide que se resuelva con celeridad la cuestión de fondo: si el municipio debe o no cumplir con sus obligaciones legales.

En su presentación, la Caja advirtió que “la suspensión de su ejecución pone en riesgo el financiamiento del régimen previsional solidario”, ya que afecta los ingresos necesarios para sostener el sistema. La Ley N°1782, en su artículo 18 inciso b, establece que los empleadores públicos deben depositar los aportes previsionales en la cuenta de la CPS dentro de los primeros siete días de cada mes.

Según datos difundidos por el organismo en junio pasado, la deuda acumulada entre municipios y comisiones de fomento de toda la provincia supera los $111 mil millones. En ese marco, la Caja notificó a todas las comunas sobre la situación y recordó que el sostenimiento del sistema previsional solidario depende del cumplimiento de los aportes por parte de empleadores y trabajadores.

“El municipio de Río Gallegos retiene los aportes previsionales de sus trabajadores todos los meses, pero no los transfiere a la Caja de Previsión. Esos fondos son necesarios para garantizar el principio solidario de nuestro sistema previsional”, argumentaron desde la Caja.

Por último, el organismo dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia federal si no obtiene una respuesta favorable en el ámbito provincial. “La prioridad es garantizar los ingresos de los jubilados y la sustentabilidad del sistema previsional de Santa Cruz”, concluyeron.