En diálogo con LU14 Radio Provincia, la funcionaria recordó que, al asumir la conducción de la Administración General de Puertos en 2023, se contaban apenas 14 empresas prestando servicios. Al momento de su salida del cargo, la cifra se había elevado a 74. “Eso habla del compromiso de quienes integran el sistema portuario, que día a día sostienen con esfuerzo una actividad clave para el desarrollo económico de la provincia”, expresó.

Hernández resaltó que esta línea de trabajo responde a una definición del gobernador Claudio Vidal, cuando indicó que el objetivo es abrir los puertos, integrarlos al comercio y generar empleo genuino. “Fue una indicación directa del gobernador, que los puertos sean una verdadera ventana de oportunidades”, señaló.

En relación con la temporada de langostino, explicó que este año la actividad se vio afectada por un conflicto que involucra a empresas, gremios y autoridades nacionales, lo que impidió el normal desarrollo de la zafra. “No es una condición impuesta por el Gobierno Provincial, sino una situación heredada del plano nacional que nos dejó en desventaja”, remarcó.

“Si bien la zafra del langostino no se desarrolló con normalidad en los meses anteriores, se prevé una nueva etapa de actividad a partir del 23 de julio. “Estamos atentos a la posible habilitación de la zona 15, la más cercana a Puerto Deseado, lo que permitiría realizar las descargas en nuestros puertos y mejorar la operatividad del sector”, explicó Hernández.

Respecto al cierre anticipado del Golfo San Jorge, sostuvo que se trató de una decisión inconsulta en su momento. “En la anterior gestión Provincial, se tomaron medidas que perjudicaron a Santa Cruz. Por eso solicitamos un resarcimiento, porque el langostino nace en nuestra zona, crece en nuestras aguas y el Golfo es compartido”, afirmó.

Sobre esta línea, la funcionaria explicó que la Provincia elevó formalmente el reclamo ante el Consejo Federal Pesquero, tanto a través de sus representantes como por nota escrita. “Es una situación inédita, pero necesaria. Ya hemos demostrado que con gestión se pueden obtener resultados: cuando el gobernador gestionó una ampliación de cuota de calamar, se pasó de 4.000 a 20.000 toneladas”.

Vale recordar que, frente a este escenario, el Gobierno de Santa Cruz adoptó diversas medidas para acompañar al sector y sostener la actividad. Entre ellas, se dispuso la suspensión del cobro por uso del puerto, la gestión de un precio diferencial para el combustible —que permitió una reducción del 2,5% en los costos operativos— y la aplicación del régimen de zona secundaria aduanera, lo que representa una ventaja logística concreta para los barcos que descargan en puertos santacruceños.

Además, desde la Secretaría de Estado de Pesca se avanzó en un proceso de reconversión productiva, incorporando la merluza como nueva especie objetivo, lo que permitió sostener el empleo y ampliar el trabajo en plantas pesqueras. Las cuotas de captura se otorgan bajo el compromiso de procesamiento en tierra, fortaleciendo así la pertenencia del recurso.

Como parte de este proceso, el Gobierno prepara un programa integral de capacitación en fileteado de merluza, con sedes previstas en Caleta Olivia, Puerto Deseado y Puerto San Julián. La iniciativa, articulada con los ministerios de Desarrollo Social, Educación, Seguridad y Trabajo, incluye también a personas privadas de la libertad próximas a su reinserción, promoviendo la inclusión y la formación con salida laboral.

“Estamos haciendo un trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado para responder a una necesidad concreta del sector. Las empresas necesitan mano de obra capacitada y nosotros estamos acompañando ese proceso con políticas activas”, finalizó.