En un comunicado difundido el 21 de agosto, el Obispado de Río Gallegos fue categórico: la candidatura de Molina “responde exclusivamente a una decisión personal” y no representa en absoluto la voz de la diócesis.

La institución eclesiástica tomó además una decisión tajante: Molina no podrá ejercer su ministerio sacerdotal en forma pública ni privada durante la campaña ni en caso de llegar al Congreso.

El gesto refleja un profundo malestar en la Iglesia, que buscó despejar cualquier duda sobre su neutralidad institucional y enviar un mensaje claro a los fieles: la política del cura Molina no tiene aval eclesiástico.

Con este pronunciamiento, la Iglesia dejó al descubierto una fractura con uno de sus sacerdotes más mediáticos, que eligió el camino de la política partidaria pero quedó sin respaldo religioso ni legitimidad institucional.