La Policía de la Provincia de Santa Cruz informó que en la noche del sábado 23 de agosto, alrededor de las 21:00 horas, personal de la Comisaría Segunda de Río Gallegos debió intervenir en un conflicto habitacional que incluyó denuncias por amenazas y la presunta tenencia de un arma de fuego. El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre calle Provincias Unidas al 400.

Según el reporte oficial, la situación se originó cuando una mujer denunció que, al regresar a la vivienda que habitaba, un grupo de personas había ingresado por la fuerza tras dañar una abertura, retirando sus pertenencias y negándole la entrada bajo amenazas. En contraposición, otra mujer presente aseguró ser propietaria del inmueble y que decidió ingresar debido a la falta de pago del alquiler por parte de la ocupante.

En el interior de la casa se encontraban unas siete personas, entre adultos y menores, que se negaban a abandonar el lugar. Ante la tensión y la denuncia de que algunos de ellos podían estar armados, se solicitó la presencia del Equipo de Intervención en Crisis y de la División Fuerzas Especiales, quienes arribaron para garantizar la seguridad y abrir un canal de diálogo.

Gracias al trabajo del personal especializado, primero se logró la salida de los menores, quienes quedaron bajo resguardo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y fueron entregados a familiares directos o responsables legales. Posteriormente, los adultos comenzaron a retirarse de manera progresiva, siendo identificados y trasladados a la dependencia policial para cumplimentar las diligencias judiciales correspondientes.

Con intervención del Juzgado de Instrucción de turno, se autorizó a una de las partes a pernoctar en la vivienda bajo acta de constatación, disponiéndose además una consigna policial fija en el domicilio hasta nuevas disposiciones judiciales.

El procedimiento contó con la coordinación de la Superintendencia de Seguridad, la Dirección General de Operaciones y la Dirección General Regional Sur, trabajando en conjunto con las áreas operativas para garantizar el orden público.

Desde la Policía provincial remarcaron que toda la intervención se desarrolló bajo directivas judiciales, priorizando la seguridad de las personas involucradas, la protección de los menores y el resguardo de la paz social.