La declaración surge luego de la aprobación por unanimidad del pedido de informes al Poder Ejecutivo Provincial, que deberá remitir toda la documentación relacionada con la Licitación Nacional N°006/25, incluyendo pliegos, anexos y la información sobre la capacidad técnica y económica de las empresas que conforman la UTE, la cual tendría prioridad en la licitación pública si no se presenta una oferta superadora.

Asimismo, se solicitó al Ejecutivo que informe sobre el Memorando de Entendimiento y el convenio de cesión de la concesión entre Fomicruz e YPF, como también que se eleven las actuaciones vinculadas al convenio firmado entre la Provincia e YPF sobre el pasivo ambiental, que contempla un resarcimiento económico y un plan de remediación ambiental frente a los años en los que la operadora estuvo a cargo de las áreas.

En este sentido, Muñoz señaló:

“Ante la incertidumbre que manifiestan los trabajadores y vecinos en general respecto a qué sucederá con la reactivación petrolera en la zona norte, consideramos indispensable contar con toda esta información. De ello dependen tres aspectos centrales: el urgente recupero de la fuente laboral; el restablecimiento de la producción y, con ello, de los ingresos para la provincia y los trabajadores petroleros; y la necesidad de conocer con certeza cuál ha sido el impacto ambiental de tantos años de operatoria, inventario que no se ha actualizado y que también representa oportunidades de trabajo vinculadas a la remediación ambiental”.