El jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, presente en el despliegue encabezado por el gobernador Claudio Vidal, detalló el alcance y el fundamento político de la medida.

Un relevamiento para exigir el cumplimiento legal

Álvarez, explicó que este operativo no es un evento aislado, sino una acción estatal coordinada y firme, con la participación de todos los estamentos provinciales de control, incluyendo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Policía de la Provincia, el Ministerio de Seguridad y la Dirección Provincial de Transporte Automotor.

Asimismo, confirmó que éste es un "relevamiento exhaustivo y completo", que se extenderá por un periodo de 30 a 35 días y tiene un objetivo primario: “Tendremos los resultados claros de cuántos trabajadores ingresan a la provincia de Santa Cruz desde otros lugares y cuáles son sus domicilios reales. Porque entendemos que, luego de este relevamiento, nuestro equipo y las operadoras exigirán que se cumpla con la ley establecida, que tiene como objetivo principal garantizar de que el empleo esté ocupado por trabajadores santacruceños en un porcentaje de 90%”.

El fundamento económico y social

El jefe de Gabinete fue enfático al trazar un contraste entre las gestiones anteriores y el enfoque actual del gobierno: “Durante muchísimo tiempo, libremente ingresaron a la provincia de Santa Cruz, empresas foráneas, entraban y salían sin ningún tipo de control, y nuestros santacruceños, nuestros jóvenes por sobre todas las cosas con un currículum debajo del brazo recorriendo cuánto estamento estatal había para poder tener la posibilidad de trabajar. Entonces, esta situación que antes se permitía, ahora ya no”.

Álvarez sostuvo que la Ley 90/10 es fundamental para el desarrollo provincial, ya que impacta directamente en la economía local. “Los trabajadores que se vuelven a sus lugares de origen con el sueldo en el bolsillo, los terminan gastando en otras localidades, en sistemas de salud u educativo. Nosotros necesitamos que el dinero quede acá”.

El funcionario concluyó que, al garantizar el empleo a los residentes, el dinero irá a parar al comercio local, a los impuestos municipales y, consecuentemente, a sostener los sistemas de educación, salud y el seguro provincial santacruceño.

El operativo en Caleta Olivia también contó con el acompañamiento de entidades gremiales y la presencia del intendente municipal de la localidad, reafirmando que este operativo se asume como una política de Estado para "cuidar a su población y garantizarles de que el trabajo sea ocupado por nuestra gente".



Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios/LU85 TV Canal 9.