Un nuevo relevamiento realizado por la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) muestra que la mayoría de los argentinos percibe un sistema laboral que no logra acompañar las transformaciones productivas ni generar empleo formal de manera sostenida. Según el Relevamiento Nacional sobre Cuestiones Laborales 2025, el 62,5% de los encuestados considera que el marco vigente no favorece la creación de empleo registrado, mientras que el 58,3% cree que el país necesita una reforma laboral.

Sin embargo, el informe aclara que ese apoyo no representa un consenso pleno. Si bien la población reconoce que el sistema actual está agotado, predomina el temor a que una eventual reforma implique pérdida de derechos. En ese sentido, los resultados reflejan una combinación de demanda de cambios y preocupación por su alcance.

El estudio revela además un clima generalizado de malestar e incertidumbre respecto al empleo. El 75,8% de los participantes calificó negativamente la situación laboral, y el 61,8% evaluó la economía nacional como mala o muy mala. Según los investigadores, el problema no se limita a la cantidad de puestos de trabajo, sino que alcanza a la confianza en la estabilidad, previsibilidad y calidad del empleo existente.

Otro de los hallazgos del relevamiento es la brecha de percepción entre trabajadores y empresarios. Mientras que para los trabajadores la palabra “reforma” se asocia a flexibilización y riesgo, para los empresarios remite a modernización, blanqueo y creación de empleo. Esta diferencia expresa dos visiones contrapuestas sobre el futuro del trabajo: una que prioriza la estabilidad individual y otra que busca fortalecer la competitividad del sistema productivo ante los cambios tecnológicos y las nuevas modalidades de empleo.

A pesar de estas diferencias, el estudio identifica puntos de coincidencia entre los distintos sectores. La mayoría acuerda en la necesidad de simplificar normativas, reducir la litigiosidad y vincular incentivos fiscales con la generación de empleo formal. Para la FESC, estas coincidencias señalan el surgimiento de un enfoque de reforma funcional, más orientado a la adaptación tecnológica y productiva que a la confrontación ideológica, y que busca modernizar sin desmantelar la protección social.

El relevamiento también indaga sobre el rol institucional en un eventual proceso de reforma. El 23% de los encuestados considera que debe ser impulsada por el Congreso, el 22% menciona la intervención de los sindicatos, el 21% señala a la ciudadanía y el 18% al sector empresario. Esta distribución, según el informe, evidencia una demanda transversal de acuerdo y participación de todos los actores sociales, evitando que los cambios sean definidos de manera unilateral.

En cuanto a la noción de “protección laboral”, el estudio identifica un cambio cultural. Durante décadas, la estabilidad fue el principal indicador de seguridad en el trabajo; hoy, ese concepto se redefine y pasa a medirse por la capacidad de acceder y sostener un empleo de calidad en contextos dinámicos, donde la innovación y la tecnología modifican permanentemente las condiciones productivas.

El informe concluye que el debate público ya no gira en torno a si debe haber una reforma, sino cómo llevarla adelante, bajo qué reglas y con qué grado de consenso. En este sentido, el país parece ingresar a una etapa de revisión estructural del contrato laboral, en la que el desafío será encontrar un equilibrio entre modernización y justicia social.

El Relevamiento Nacional sobre Cuestiones Laborales 2025 fue realizado por la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) entre el 27 de octubre y el 4 de noviembre de 2025, con una muestra de 1.276 casos válidos y cobertura nacional. La recolección de datos se efectuó mediante un cuestionario autoadministrado en línea (Google Forms), con difusión controlada y posterior depuración de duplicados y registros inválidos. El diseño muestral fue ponderado por región y edad, según el último padrón electoral, y los resultados fueron ajustados y validados mediante variables externas para garantizar su representatividad. La FESC advierte que los resultados no deben extrapolarse a niveles subnacionales sin la debida cautela metodológica.

La Federación Económica de Santa Cruz (FESC) es una entidad de segundo grado que agrupa a Cámaras y Asociaciones de Comercio, Servicios, Turismo, Producción, Industria y otros sectores productivos de toda la provincia. Su objetivo es promover la competitividad y el desarrollo sostenible del entramado empresarial santacruceño, articulando acciones con el sector público y privado.