En medio del debate nacional sobre la inminente reforma laboral anunciada por el Gobierno, la Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó un proyecto de repudio presentado por la legisladora provincial Claudia Barrientos (Libres del Sur), quien expresó su preocupación por el rumbo de las modificaciones que se anticipan desde Nación. Aunque el texto final aún no fue ingresado al Congreso, la diputada consideró que “no hace falta esperar la letra chica” para fijar una postura clara.

En dialogo con El Caletense Radio , Barrientos sostuvo que las reformas que impulsa el Ejecutivo nacional son “recetas viejas, maquilladas de modernización”, que en realidad “benefician a las grandes empresas y perjudican a los trabajadores”. Según indicó, lo que se discute en países desarrollados es la reducción de la jornada laboral, mientras que en Argentina se pretende “llevarla a 12 horas por día”, a contramano de las tendencias globales.

La diputada también advirtió que la “flexibilización” propuesta dejaría aún más vulnerables a sectores ya precarizados, como jóvenes, trabajadores informales, monotributistas y quienes se desempeñan mediante plataformas digitales. “Estos trabajadores no ganan derechos; al contrario, quedarían expuestos a mayor inseguridad laboral”, afirmó.

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En la sesión legislativa, el proyecto obtuvo 14 votos afirmativos, suficientes para su aprobación. Con esto, Santa Cruz deja sentado un posicionamiento institucional frente a la reforma laboral que el Gobierno pretende reactivar tras los resultados electorales. “Es un mensaje para los legisladores nacionales actuales y para los que asumirán en breve”, destacó Barrientos.

La diputada insistió en la necesidad de anticiparse al debate, “mientras menos se discuta, más fácil pasan estas reformas. Es importante abrir el paraguas antes y no lamentarse después”. También recordó antecedentes históricos, “el menemismo hizo lo mismo en los 90, con el mismo argumento de modernizar la ley laboral”.

El análisis se inscribe en un panorama complejo, donde distintos sectores gremiales, empresariales, académicos y políticos ya comenzaron a expresar posiciones. Mientras tanto, se espera que el Gobierno nacional retome el texto que había quedado suspendido en la discusión de la Ley Bases, con modificaciones orientadas a la desregulación y la reducción de costos laborales.

“El proyecto del oficialismo avanza en debilitar la capacidad de defensa colectiva de los trabajadores”, concluyó Barrientos, quien anticipó que buscará dialogar con los futuros legisladores nacionales de Santa Cruz para asegurar que el rechazo se exprese también en el Congreso.