La preocupación por el avance de la minería sobre zonas protegidas volvió a instalarse en la agenda ambiental argentina. La reciente aprobación de una ley en Mendoza que habilita la explotación minera en áreas cercanas a glaciares encendió la alarma en todo el país.

En diálogo con El Caletense Radio, la educadora y activista ambiental Silvina Sotomayor, integrante del CADACE, expresó su preocupación por lo que considera “un retroceso ambiental sin precedentes”.

“Estamos hablando de uno de los recursos más importantes que tenemos, no solo como atractivo turístico, sino como un reservorio de agua potable y un ecosistema clave para la vida. Si esa ley sienta jurisprudencia, Santa Cruz también podría estar en riesgo”, advirtió.

Sotomayor recordó que la Ley Nacional de Glaciares (N° 26.639), sancionada en 2010, protege los glaciares y los ambientes periglaciares como bienes comunes y reservas estratégicas de agua dulce. Sin embargo, la iniciativa aprobada en Mendoza que permite la explotación minera en zonas de alta montaña “va en contra del principio de no regresión ambiental, uno de los pilares del derecho ecológico”, explicó.

“Lo que se está intentando hacer es flexibilizar la ley, redefiniendo qué se considera zona periglaciar. De ese modo, podrían habilitar proyectos extractivos en lugares donde hoy está prohibido, argumentando que no hay agua visible. Pero el agua está ahí, aunque no la veamos. Está en el suelo, en los hielos subterráneos, en el equilibrio del ecosistema”, subrayó la especialista.

Según Sotomayor, permitir la minería a gran escala en esas áreas tendría consecuencias irreversibles: contaminación del agua, alteración de suelos congelados y destrucción de ecosistemas únicos. “No existe minería sin agua. Y el agua es la base de todo: de la vida, de la producción, de la economía regional. Si se contamina o se pierde, no hay recuperación posible”, remarcó.

La docente también lamentó la escasa participación ciudadana en las convocatorias recientes para defender la ley. “El 4 de diciembre hicimos una concentración en el Gorosito y fuimos apenas nueve personas. Es preocupante, porque sin agua no hay futuro, y parece que todavía no tomamos dimensión de eso”, expresó.

Desde su mirada, la modificación de la ley impulsada por sectores mineros y algunos gobiernos provinciales responde a intereses económicos inmediatos, pero con un costo ambiental y social incalculable. “La minería dura un rato, pero los daños quedan para siempre. Los ecosistemas no se recuperan. Si se afecta la cordillera, si se afectan los glaciares, afectamos nuestra propia fuente de vida. Y eso es irreversible”, afirmó Sotomayor.



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