Desde el sindicato señalaron que en los últimos días se puso el foco en el presupuesto nacional, que eliminó el piso de inversión educativa del 6 % del PBI establecido por la Ley Nacional de Educación y redujo de manera significativa los aportes al INET y a la educación técnica. Sin embargo, remarcaron que poco se ha dicho sobre el impacto del presupuesto provincial, que lejos de compensar esas pérdidas, también “golpea de lleno a la educación”.

Según ADOSAC, los 685 mil millones de pesos asignados al Consejo Provincial de Educación resultan insuficientes, ya que representan apenas el 21,11 % del presupuesto total de la provincia, porcentaje que asciende al 23,58 % si se excluye la parte financiada con endeudamiento, muy por debajo del 25 % que exige la ley provincial.

El gremio docente también cuestionó que, una vez más, no se haya dado el tratamiento correspondiente al presupuesto educativo dentro del propio Consejo Provincial de Educación, al que calificaron como “pintado” frente a la responsabilidad que le asigna la normativa vigente. Asimismo, denunciaron el incumplimiento del deber de informar de manera pública y detallada la ejecución del presupuesto, tal como lo establece el artículo 210 de la Ley 3305.

Otro de los puntos señalados por ADOSAC es la inclusión en la Ley de Presupuesto de pautas “confusas” sobre la aplicación del porcentaje mínimo de inversión educativa, lo que según sostienen busca ocultar el incumplimiento de la ley. En ese sentido, recordaron que durante 2025 se aprobaron 1.800 millones de pesos para becas que finalmente no fueron ejecutados.

Desde el sindicato también cuestionaron el rol de la oposición, al remarcar que el presupuesto provincial fue aprobado con el acompañamiento de la mayoría de los bloques, incluso con votos de diputados docentes y exdocentes que no denunciaron el ajuste educativo para los años 2025 y 2026. En contraposición, señalaron que sí se aprobó una partida especial para pagar sueldos a jueces del Tribunal Superior.

Finalmente, ADOSAC convocó a docentes, estudiantes y familias a debatir la situación y movilizarse para exigir una mayor inversión en educación, que permita garantizar salarios dignos y edificios escolares en condiciones adecuadas. “A la educación la defendemos entre todos”, expresaron, remarcando que el piso legal establecido por la ley provincial debe ser el punto de partida para una política educativa acorde a las necesidades de Santa Cruz.