El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz resolvió efectivizar el aumento salarial dispuesto a fines de 2025 para magistrados y funcionarios judiciales, pese a la objeción planteada por uno de sus integrantes. A través de una nueva resolución, el máximo órgano judicial provincial ordenó a la Dirección General de Administración que liquide y pague la recomposición salarial prevista.

La decisión surge luego de la presentación realizada el 14 de enero de 2026 por el vocal Daniel Mauricio Mariani, quien manifestó que no convalidaba la resolución del 30 de diciembre de 2025 y solicitó que se suspendiera la aplicación del incremento. Entre sus argumentos, el magistrado hizo referencia a la vigencia de la Ley Provincial 3949, que ampliaba la integración del TSJ.

Sin embargo, el Tribunal recordó que dicha ley fue declarada inconstitucional por una sentencia firme del propio TSJ, a partir de una acción promovida por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales “3 de Julio”, por lo que carece de efectos jurídicos, al igual que todos los actos dictados en su consecuencia.

En su resolución, el Tribunal explicó que el aumento cuestionado no constituye una nueva decisión salarial, sino la formalización para el año 2026 de pautas ya acordadas y aplicadas previamente, tanto para empleados judiciales como para magistrados y funcionarios. Estas pautas se basan en el criterio histórico adoptado desde 2009, que toma como referencia los incrementos salariales dispuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que fueron consensuados en el marco de la negociación paritaria.

Además, el TSJ destacó que la recomposición salarial fue implementada de manera escalonada y prevista en el Anteproyecto de Presupuesto 2026, con el objetivo de asegurar su viabilidad financiera y preservar la proporcionalidad de toda la estructura salarial del Poder Judicial, cuyo cálculo se encuentra atado al sueldo básico de un vocal del Tribunal.

La mayoría del cuerpo subrayó que la fijación de pautas salariales no es una facultad discrecional, sino una atribución constitucional vinculada a la autonomía financiera del Poder Judicial y a la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones, principios considerados esenciales para la independencia judicial y la división de poderes.

La resolución fue firmada por la presidenta del TSJ, Renee Guadalupe Fernández, y las vocales Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ernestina Ludueña Campos, conformando la mayoría. El vocal Fernando Miguel Basanta se encuentra de licencia, mientras que Mariani dejó expresamente asentada su postura en disidencia.

Finalmente, el Tribunal ordenó que se proceda a la liquidación y pago del aumento salarial conforme a lo dispuesto en la resolución del 30 de diciembre de 2025, dando por zanjada la controversia interna sobre su aplicación.

Fuente: laopinionaustral.com.ar