La Policía de Santa Cruz atraviesa un momento de fuerte tensión interna tras la decisión de la Jefatura de aplicar una sanción disciplinaria inédita por su magnitud. En las últimas horas se oficializó el arresto policial simple por 20 días para más de 300 efectivos que no completaron el examen de aptitud física exigido por la conducción.

La resolución alcanza a personal de distintas áreas y localidades de la provincia y se apoya en la Circular N° 020-JP/2025, impulsada por la Dirección General de Bienestar Policial. En los considerandos, la Jefatura justificó la medida como un castigo de carácter “ejemplificador” frente al incumplimiento de una orden formal.

Sin embargo, la decisión encendió una polémica de gran escala dentro de la fuerza. Entre los principales cuestionamientos aparecen tres ejes: la aplicación simultánea de la sanción a más de 300 agentes, la dureza del arresto frente a una falta considerada administrativa y la publicación de un anexo con el listado nominal de los sancionados, interpretada por algunos sectores como una posible vulneración del derecho a la privacidad y al habeas data.

A ese escenario se sumaron versiones que dan cuenta de dificultades económicas para afrontar los estudios requeridos y reclamos de efectivos que aseguran no haber recibido información clara y suficiente sobre el procedimiento o sus plazos.

Qué implica el arresto policial y el impacto en la carrera, aunque el término “arresto” suele asociarse a una detención penal, en el ámbito policial se trata de una sanción disciplinaria. La Ley Provincial N° 746, que regula el personal policial de Santa Cruz, lo define como una “simple detención” bajo las condiciones que establezca la reglamentación vigente y prevé, en el caso del personal subalterno, su cumplimiento incluso sin afectar la prestación del servicio.

La disposición ordena además a la Subjefatura y a las distintas superintendencias notificar a los sancionados en plazos breves y remitir esa documentación a la Dirección General de Personal dentro de las 48 horas, para su incorporación al legajo individual.

Este punto genera especial preocupación hacia adelante. Dentro del régimen interno, los antecedentes disciplinarios inciden directamente en la carrera profesional. El Reglamento de Promociones contempla inhabilitaciones para ascensos según la situación administrativa y el historial de sanciones, con umbrales de arresto que pueden afectar el año de promoción.

La medida se inscribe en una política que comenzó a implementarse en octubre de 2025, cuando el Gobierno provincial lanzó un esquema integral de evaluación física y sanitaria para toda la fuerza, tanto personal operativo como administrativo. El plan incluye pruebas físicas específicas y estudios médicos complementarios, como radiografías, electrocardiogramas y análisis clínicos, con una aplicación progresiva en el interior.

Al anunciar esa iniciativa, el entonces jefe policial, comisario general Diego Agüero, había señalado que “el personal trabaja con su cuerpo” y que la institución necesita agentes en condiciones de brindar “respuestas eficaces y eficientes”, remarcando que el control alcanzaría a todos los rangos jerárquicos. Hoy, esa política derivó en una sanción que abrió un debate profundo puertas adentro de la fuerza.